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¿Tienes derecho a un abogado? Asistencia jurídica en el CIE: otro capítulo del cuento del obscurantismo.

Hay que ver cuánto daño han hecho las películas y series que consumimos desde edad temprana: en el imaginario común, entre otros muchos ideales, campa a sus anchas el estereotipo de abogado/a con una buena posición, que trabaja en un despacho que rezumba éxito, con un buen maletín como complemento de una impecable profesionalidad. Flaco favor nos hace pensar que de puertas para dentro de los Juzgados la máxima autoridad judicial lleva peluca blanca de rizos y un mazo que acompaña el ‘orden en la sala’, además de tener la firme convicción de que los y las profesionales de la abogacía siempre encontramos una solución in extremis -tipo Bear Grylls en el Último Superviviente- que pueda salvar el caso en contra del Estado de Oklahoma.

No obstante, si bien habría mucho para polemizar sobre ello, hay otros tópicos que a bien nos pueden servir para saber cómo actuar en un momento determinado.

‘Tienes derecho a un abogado’

    A todos y todas nos suena esta frase. Suele ir acompañada de un ‘tienes derecho a permanecer en silencio’ y ‘todo lo que digas será utilizado en tu contra’. Te adelanto que todo ello es muy cierto, al menos en la teoría, aún salvando las enormes distancias que hay entre el sistema continental y el Common Law.

La Constitución española dedica un capítulo a hablar sobre los derechos fundamentales y libertades públicas, algunas con semejante transversalidad como el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad de expresión -aunque poco ejemplo estén dando los Órganos Jurisdiccionales y las prácticas policiales en los últimos días al respecto- ; en otros casos, apunta preceptos tan básicos como la tutela judicial efectiva, en cuyo caso, la Carta Magna dice en el artículo 24 que:

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia

Voilá. Ahora bien: los poderes públicos, empujados por la iniciativa del Gobierno, deben garantizar el acceso efectivo a los derechos fundamentales y libertades públicas, así como garantizar que no se vulneren y, en el caso del derecho a al defensa, establecer cuantas medidas sean necesarias al objeto de remover los obstáculos que impiden el acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad.

En este sentido, hablar de igualdad supone atender la diferencia: hay que prestar atención a las necesidades particulares de la población, lo que conlleva asumir que existen personas sin recursos para contratar un asesoramiento privado. Por ello existe el derecho a la asistencia jurídica gratuita como eslabón fundamental, si no el primero de todos ellos, para posibilitar que ‘Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España,’ puedan litigar ‘cuando acrediten insuficiencia de recursos’. Así comienza citando la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y por la cual existe el Turno de oficio: organismo encargado de gestionar a los y las profesionales de diferentes Jurisdicciones para afrontar las demandas de asesoramiento de la población que reúna los requisitos económicos; es decir, que estén en un umbral concreto que podemos calificar como situación de pobreza o de precariedad.

¿Se aplica de manera efectiva el derecho a la asistencia jurídica?

La respuesta, como en la mayoría de preguntas que nos hacemos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, es que no. Y no sólo ocurre de una forma defectuosa sino que además, la carencia de oportunidades para acceder al ejercicio de los derechos básicos se estratifica conforme al sistema de opresión vertical del sistema: en este intrincado entramado de poderes fácticos, ilegítimos y ambiguos, que trafica con las personas y con sus derechos, a ojos de la Justicia no todas las personas somos iguales ni todas tenemos derecho a defendernos.

Es incomprensible cómo se conculca de manera reiterada el derecho a la asistencia jurídica en los CIE. El estatuto jurídico de las personas internadas, regulado en el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, dice que la organización de estos centros tienen el deber de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento, especificando que tienen derecho a ‘ser asistido de abogado, que se le proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique.’

La asistencia jurídica en los CIE

El citado Reglamento recoge que: ‘Los centros dispondrán de dependencias que aseguren la confidencialidad de la orientación jurídica que preste al interno su abogado.’ Sobre ello hay que decir que son pocos los CIE que respetan y llevan a cabo una política de confidencialidad. Para empezar, porque en algunos CIE la práctica es que siempre haya presencia policial en la sala donde se tiene la entrevista esto quebranta radicalmente el derecho a la entrevista individual y privada entre abogado/a y persona asistida.

El mismo artículo aduce que ‘se suscribirán acuerdos de colaboración con los colegios de abogados en orden a establecer las condiciones de funcionamiento del servicio de asistencia jurídica, encargado de asistir jurídicamente a los internos que lo soliciten.’ Sobre esto sobra apuntar que en la mayoría de las Comunidades autónomas donde hay un Centro de Internamiento de personas extranjeras – Andalucía, Murcia, Madrid, Valencia, Cataluña y Canarias- NO EXISTE un turno de oficio ESPECIALIZADO en extranjería. En el caso de Valencia, la implantación del turno de oficio de Extranjería y el consecuente convenio regulador con el CIE ha sido fruto directo de las luchas y reivindicaciones que varios colectivos han llevado a cabo exigiendo el cumplimiento de esta garantía.

Por otro lado, no existe información dentro de los CIE que facilite que estas personas conozcan sus derechos y que puedan ejercerlos: algo que en la práctica no es común por diferentes motivos, entre ellos, por la enorme distancia que hay entre las internas y la propia institución.

A todo ello, tenemos que añadir que en Canarias hay dos CIE: el CIE de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, y el CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria. La condición especial de Frontera Sur, como puerta de entrada al Estado español por vía marítima, sumada a la insularidad y a la doble condición de la periferia -no sólo estamos lejos del Estado español sino que además, las islas no capitalinas no cuentan con los recursos de privación de libertad y otros derivados con los que cuentan Tenerife y Gran Canaria, lo que supone el traslado de las personas migrantes detenidas de unos centros a otros- con lo cual el derecho a la asistencia jurídica se va difuminando en estos cambios de territorio: el abogado/a que asiste en la detención no puede hacer el seguimiento del caso.  

Estos quebrantos integrales de los derechos de las personas internas que se producen con asiduidad, se han denunciado a través de diferentes vías, lo que incluye la vía judicial en diferentes comunidades autónomas y la visibilización y denuncia pública de estos hechos a través de trabajo de colectivos y asociaciones que luchan en calle. Sin embargo, hasta la fecha, aún seguimos teniendo constancia de la dejadez absoluta con la que se gestionan los CIE. Para muestra, el último auto de la jueza de vigilancia del CIE de Algeciras y Cádiz, que después de que haya transcurrido un año desde su primer mandato de cambios urgentes a aplicar, advierte de las consecuencias penales que puedan derivarse tras dos inspecciones en las que constató vulneraciones flagrantes de la ley. ¿Hasta cuándo?

Notas al pie:
1 Son las dos corrientes de bases sobre el Derecho cuya principal distinción es la flexibilidad con la que se pueden adaptar las normas a la sociedad en constante cambio. El sistema continental se aplica en la Europa occidental y se basa en la codificación: una técnica mediante la que se construyen códigos de normas por áreas específicas -código penal o código civil, por ejemplo-. El Common Law es el sistema de Derecho anglosajón que se aplica en EEUU e Inglaterra- y está basado en un sistema de precedentes -pronunciamientos anteriores- y una menor fuerza de coerción -hay menos normas escritas por lo que la libertad de acción es, a priori, mayor-.
2 Entendemos el concepto de forma amplia en el que no sólo se incluyen los entes de poder que configuran la estructura económica y política y las relaciones que genera entre sí y con la sociedad, sino también a la sociedad como tal: incluimos a todas las personas que sufrimos la opresión y que, al mismo tiempo, hacemos de opresoras con otras, alimentando el sistema privilegio-opresión, perpetuando la estructura que nos somete.
3 CIE: Centro de internamiento de extranjeros en el que se priva de libertad a personas que estén o que intenten entrar en el territorio español en situación administrativa irregular. Hay siete en todo el territorio: se usan como una herramienta de expulsión y de represión de la libertad de movimiento de las personas, criminalizando la migración.

 

¿Ciudadanía? No, gracias.

   Es curioso cómo hemos heredado una vida que no nos es propia a través del lenguaje, e irónico cómo su uso puede truncar nuestras intenciones comunicativas.  A veces decimos algo con el mejor de los deseos y quien recibe ese mensaje no lo entiende como una buena propuesta. Qué decir del coloquial uso de las palabrotas para referirnos cariñosamente a alguien o gastar una broma. La palabra es flexible y por ello podemos hacer con ella lo que queremos.

Cada persona tiene un código etimológico único con el que a través de su aprendizaje ha asignado un significado a cada vocablo que usa: algunos significados son más simples o formales -el uso de las preposiciones, artículos, las composiciones verbales…- pero hay otros que tienen un contenido más denso y personalizado, que es compartido por un grupo de personas más o menos amplio. Esta es la función del lenguaje: la comunicación.

En la etimología[1] colectiva, donde se cruzan todos estos significados que se han ido modelando y revisando durante siglos, repensar el poder que tiene la comunicación es lo que nos lleva a entender cómo afecta y cómo puede cambiar un contexto determinado: los discursos, virtuales o no, afectan a personas reales. Por eso, me lanzo a hacer una reflexión sobre las calles y lo que utilizamos al llamar a reinvidicar los espacios públicos.

Calle y llamamiento activo al espacio público

Y es que no todas las personas que habitamos las calles podemos habitarlas en las mismas condiciones. Decir ‘con las mismas condiciones’ significa aceptar de pleno que existen circunstancias que limitan nuestras vidas. Desde el privilegio económico, la racialidad o la alfabetización, hasta las diferencias entre los múltiples géneros e identidades, existe una escalera de opresiones que tienen unos efectos determinantes para nuestra existencia vital. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la opresión del trabajo es tan necesario como importante reconocer que una mujer trabajadora está doblemente explotada y discriminada por su condición de mujer y de trabajadora. De la misma manera, habrá que extender ese reconocimiento a una mujer negra, por la discriminación de raza o etnia, o a una mujer gorda, por la gordofobia, o a una mujer trans, por la transfobia, y así sucesivamente, sumando una transversalidad de luchas que atraviesan directa y constantemente los cuerpos y las vida de las oprimidas.

Quienes habitamos en territorio del Estado español asistimos a una deprimente época de represión que ha mermado la actividad en calle de los movimientos sociales. Las oleadas de represión normativa de los últimos años, particularmente las leyes mordazas[2], han marcado un antes y un después en la forma en la que ocupamos el espacio público: hay que tener en cuenta que nuestra libertad está enmarcada en un sistema de derecho concebido como la estructura de un conjunto de normas, cómo aplicarlas y cómo han de interpretarse, que van desde la regulación de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución de 1978, al desarrollo de cada una de esas libertades, qué implican, cómo ejercerlas y qué contraprestaciones tienen. Para muchas personas, papel mojado, para otras fundamento del sistema democrático basado en la aceptación tácita del contrato social.

Sin entrar a debatir sobre la legitimidad de este sistema regulador, la historia demuestra que es irrefutable que los derechos se conquistan: hay que tomar un papel activo. Pretendo entender el peso que tiene la palabra ‘ciudadanía’ y cuál es el trasfondo que tiene cuando se usa en los discursos de las ideologías más dispares que van del argumentario de la izquierda más clasista hasta, incluso, un partido político cuyo nombre es ‘Ciudadanos’.

¿Ciudadanos y ciudadanas?

Podríamos decir que hablar de ciudadanía es hablar de un conjunto de personas que viven en la ciudad, que habitan las calles de los núcleos urbanos. No obstante, la acepción de este término como circunscripción demográfica ha ido evolucionando del término griego polis con el que se denominaba la ciudad y que con el paso del tiempo se transformó en nuestro actual concepto de ‘política’. La palabra latina civitas[3], sin embargo, refería a la comunidad ciudadana jurídicamente organizada en la que sólo los hombres tenían derechos: ni mujeres, ni extranjeros y esclavos podían ejercerlos. Si queremos averiguar cuánto conserva de primigenio esta referencia a la persona, es necesario acudir a un significado compartido que pueda esclarecer qué significa en la actualidad:

ciudadano, na

  • y f. Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes[4].

¿Seguimos usando un término que refiere una realidad clasista, machista y basada en el supuesto privilegio de ser súbdito -en masculino- de un Estado?

La importante diferencia entre personas ciudadanas y no ciudadanas

En base a la definición anterior, las personas ciudadanas tienen capacidad jurídica, es decir, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y capacidad de obrar como aptitud para ejercitar esos derechos. Estos dos conceptos definen la identidad jurídica de cada sujeto, el acceso al ejercicio de libertades y derechos fundamentales, dicho de otra forma sobre la base jurídica, define quiénes somos y qué podemos hacer.

La diferencia estriba en quiénes tienen la posibilidad de ejercer ese rol activo y a quienes no se les reconoce o a quienes, mediante limitaciones indirectas, se les impone per se esta condición de ser: son muchos los colectivos discriminados por el capacitismo, pero hoy hablamos de quiénes están en situación administrativa irregular, de quiénes son personas ‘ilegales’[5] o ‘sin papeles’ a ojos del Estado español. Probablemente, cuando usas el término ciudadanía no te habías parado a pensar que su antónimo es, precisamente, lo que concierne a la extranjería. Entonces, ¿esto significa que no pueden hacer valer sus derechos?

Las personas extranjeras tienen reconocidos los mismos derechos y libertades fundamentales que las personas que tienen la ciudadanía[6] española -esto que se denomina ‘ser español o española’-. Un nimio ejemplo de la vulneración de este reconocimiento es la polémica reforma de la asistencia sanitaria[7]. Esta normativa reformula el derecho de acceso a la protección de la salud, cambiando la concesión de la prestación sanitaria de los titulares de derechos a ‘asegurados’, definiéndose como tal cuatro supuestos que excluyen al colectivo de personas en situación administrativa irregular y a personas extranjeras cuya situación administrativa que no estén afiliadas a la seguridad social (persona con visados de visita, por ejemplo).

Siquiera es necesario elevar nuestro análisis a cuestiones legislativas cuando día tras día, en las temidas oficinas de Extranjería se favorece un trato discriminatorio tejido sobre unos criterios que en muchas ocasiones contravienen lo dispuesto en la normativa y que vienen de donde nunca se sabe[8]. Grano a grano, la montaña se colma. Sumado a ello, prima la cultura del miedo y el desconocimiento, y la desinformación de mano de una práctica nefasta en un contexto en el que gobiernan los intereses del dinero, lleva a asumir que por el hecho de ser inmigrante o extranjero/a te pueden detener en cualquier momento, incluso cuando siendo mujer necesitas denunciar una situación de maltrato y no hay nada que pueda asegurarte la permanencia.

Hace tiempo tuve una conversación muy interesante con una amiga. Me dijo ‘si no quieres que el pájaro escape no hace falta que mantengas cerrada la jaula. Abre la puerta y convéncele de todos los miedos que vivirá ahí fuera’.

¿Propuestas?

Las que quieras. Quizá tú, como yo, tienes pasaporte y por suerte puedes vivir en el lugar en el que quieres estar. Esto, no obstante, no es así para quienes viven en el exilio, ni para quienes sienten el aislamiento carcelario dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)[9], tampoco para quienes no tienen la opción de escapar de los conflictos bélicos ajenos a su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto?

Mi propuesta es que al menos tomemos consciencia de esta situación, que nos tomemos un momento para reflexionar sobre ello, sobre el irónico y triste privilegio que ostentamos conviviendo con inmigrantes, compartiendo calle y precariedad con ellas. Si hablamos de mínimos, reconocernos en el espacio en el que convivimos con esta realidad es hacer un acto de responsabilidad para con nosotras mismas y para con quienes la sufren. Hablar de ciudadanía implica invisibilizarlas: dejemos de hablar de ciudadanos y ciudadanas.

[1] La etimología es la disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y significado.

[2] Se denominan ‘leyes mordaza’ a las leyes represivas que limitan derechos y libertades fundamentales publicadas en el año 2015: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana; Reforma del Código Penal publicada como Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo y Ley de Reforma Procesal Penal, publicada como Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

[3] La civitas tiene su origen en la polis griega y encuentra su desarrollo en la configuración de la República romana. La civitas desarrolla los ideales democráticos de la polis griega, especialmente la sumisión a la ley pública.

[4] Se refiere el significado publicado por la RAE -Real Academia de la Lengua- como referencia sobre la que se construye el concepto y no como único referente o reconocimiento de autoridad conceptual a esta institución. Se han consultado otras fuentes: recomendamos echar un vistazo a http://es.thefreedictionary.com.

[5] Es una contradicción jurídica y un uso moralmente reprobable del término. En este caso, se usa a modo ilustrativo del uso denigrante del término ‘legal’ referido a personas y a modo ejemplo para contraponerlo a la calificación correcta de la situación de estas personas.

[6] Artículo 3  de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas: 1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.

[7] Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que supuso la modificación de 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

[8]El pasado 15 de septiembre, la Federación SOS Racismo publicó el informe sobre racismo en el Estado español con interesantes datos sobre esta discriminación institucional. Puedes ojearlo aquí: https://sosracismo.eu

[9] Los Centros de Internamiento de Extranjeros, integrados en el Estado español en 1.985, resultado de la firma del Acuerdo Schengen para el control de la política migratoria de la UE (cuya consecuencia es que los ciudadanos y ciudadanas de los países participantes del acuerdo pueden circular ‘libremente’ por el territorio, desfavoreciendo integralmente esta libertad de movimiento a las personas extranjeras) no deben tener carácter penitenciario, conforme establece la normativa de regulación de estos centros Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. En la actualidad, hay siete en el Estado español y el Ministerio de Interior tiene la intención de construir tres más: el funcionamiento interno de los CIE contraviene gravemente los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la normativa e innegables a cualquier persona: asistencia sanitaria integral, acceso a intérprete, comunicación con familiares, acceso a asistencia jurídica, entre otros. Además, estas personas pueden permanecer privadas de su libertad durante un plazo de hasta sesenta días. Recordemos que la privación de libertad es una pena de carácter penitenciario que en el Estado español se deriva de la comisión de un delito: los y las internas de los CIE ingresan a estos centros por estar en situación administrativa irregular, es decir, por una infracción administrativa como podría ser una multa de tráfico.

 

Notas al pie:
[1] La etimología es la disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y significado.
[2] Se denominan ‘leyes mordaza’ a las leyes represivas que limitan derechos y libertades fundamentales publicadas en el año 2015: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana; Reforma del Código Penal publicada como Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo y Ley de Reforma Procesal Penal, publicada como Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
[3] La civitas tiene su origen en la polis griega y encuentra su desarrollo en la configuración de la República romana. La civitas desarrolla los ideales democráticos de la polis griega, especialmente la sumisión a la ley pública.
[4] Se refiere el significado publicado por la RAE -Real Academia de la Lengua- como referencia sobre la que se construye el concepto y no como único referente o reconocimiento de autoridad conceptual a esta institución. Se han consultado otras fuentes: recomendamos echar un vistazo a http://es.thefreedictionary.com.
[5] Es una contradicción jurídica y un uso moralmente reprobable del término. En este caso, se usa a modo ilustrativo del uso denigrante del término ‘legal’ referido a personas y a modo ejemplo para contraponerlo a la calificación correcta de la situación de estas personas.
[6] Artículo 3  de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas: 1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.
[7] Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que supuso la modificación de 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
[8]El pasado 15 de septiembre, la Federación SOS Racismo publicó el informe sobre racismo en el Estado español con interesantes datos sobre esta discriminación institucional. Puedes ojearlo aquí: https://sosracismo.eu
[9] Los Centros de Internamiento de Extranjeros, integrados en el Estado español en 1.985, resultado de la firma del Acuerdo Schengen para el control de la política migratoria de la UE (cuya consecuencia es que los ciudadanos y ciudadanas de los países participantes del acuerdo pueden circular ‘libremente’ por el territorio, desfavoreciendo integralmente esta libertad de movimiento a las personas extranjeras) no deben tener carácter penitenciario, conforme establece la normativa de regulación de estos centros Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. En la actualidad, hay siete en el Estado español y el Ministerio de Interior tiene la intención de construir tres más: el funcionamiento interno de los CIE contraviene gravemente los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la normativa e innegables a cualquier persona: asistencia sanitaria integral, acceso a intérprete, comunicación con familiares, acceso a asistencia jurídica, entre otros. Además, estas personas pueden permanecer privadas de su libertad durante un plazo de hasta sesenta días. Recordemos que la privación de libertad es una pena de carácter penitenciario que en el Estado español se deriva de la comisión de un delito: los y las internas de los CIE ingresan a estos centros por estar en situación administrativa irregular, es decir, por una infracción administrativa como podría ser una multa de tráfico.