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LOS HOTELEROS EXIGEN NO PAGAR IMPUESTOS MIENTRAS CANARIAS SE HUNDE EN LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA MISERIA

Hoy nos levantamos con una campaña de presión de la Hotelera de Canarias a los municipios de las Islas en la que exigen que se les deje de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
el impuesto de actividades económicas (IAE), la tasa de basuras, la de terrazas y la rebaja del IGIC al 5%. A lo que se suma el compromiso del Gobierno de Canarias de poner en marcha un plan de ayudas directas al sector con 200 millones de Euros y el
anunció también del aplazamiento durante seis meses del pago de la deuda fiscal y del primer trimestre del IGIC de este año valorado en 235 millones.

“Queremos que los ayuntamientos sean sensibles, ya que la economía canaria depende del turismo. Estamos dando este grito para que los ERTE no se conviertan en ERE» amenazan.
«Nos han cobrado todas las tasas municipales durante un año con cero ingresos. La única excepción ha sido Las Palmas, en la que no se va a cobrar el IBI en 2020 y 2021, lo que va a suponer una inyección de 10 millones de euros» continúan dejando claras cuáles han sido las ventajas con las que ha contado el sector en la ciudad de Gran Canaria, de las que no han podido disfrutar en las islas los millones de autónomas de otros sectores económicos, ni por supuesto las personas pertenecientes a la clase trabajadora que siguen teniendo que pagar religiosamente sus impuestos o arriesgándose a cortes de suministros básicos o desahucios a pesar de estar viviendo una de las mayores crisis económicas que se recuerdan, con Canarias liderando todas las listas de exclusión social y pobreza del Estado Español y Europa.

Una vez más asistimos atónitas a la exigencia de privilegios del monopolio turístico a pesar de ser el sector que más se ha beneficiado de las “ventajas fiscales” del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y de haberse enriquecido durante décadas con nuestros recursos naturales y la mano de obra barata de nuestra población acumulando fortunas económicas que luego no eran invertidas en las islas y que en su gran mayoría recalaba fuera del Archipiélago. No contentas con ello, la Patronal Hotelera ahora pretende dejar de tributar en las Islas, lo que repercute directamente en el sostenimiento económico de los servicios básicos para la población canaria como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Ya son ocho los municipios que han cedido a las presiones del lobby turístico, como son el caso de Adeje, con un recorte del 10% en la tasa de recogida de residuos sólidos, o del 50% en el caso del Puerto de la Cruz, cuando la población canaria carece prácticamente de ayudas en este sentido y acceder a las pocas que existen se hace casi imposible condicional y burocráticamente.

El Turismo es un modelo que genera empleo precario, estacional en muchos lugares o temporal, con unas condiciones laborales de explotación. Genera desigualdad social, aumento de la pobreza, deterioro de la salud física y mental, y situaciones constantes de vulneración de derechos. Sabemos de lo que hablamos porque llevamos décadas sufriéndolo en nuestra casa: El salario medio de las personas empleadas en Canarias es de 1.420 euros brutos mensuales, a la cola del estado español, mientras los dueños de las empresas turísticas encabezan las listas de los más ricos de Canarias, como es el caso de Eustasio Antonio López González y hermanos de Lopesan Hoteles e IFA Group, con una fortuna estimada de mil millones de euros. Su fortuna repartida daría para pagar el salario anual de 58 mil personas, el 25% de las personas que están en el paro según la Encuesta de Población Activa (EPA). Entre los más ricos de Canarias además de los ya citados, según la lista Forbes 2018, se encuentran Juan Miguel Sanjuán y Jover (Grupo Satocán, de construcción y gestión turística) con 320 millones, Wolfgang Kiessling (Loro Parque) con 260 millones o Pedro Agustín del Castillo Machado y familia (Binter) con 200 millones. Todas fortunas generadas por la explotación turística. Estas son las empresarias que hoy exigen además dejar de tributar en este Archipiélago que han explotado casi hasta su extinción, mientras miles de canarias y canarios nos hundimos en la exclusión social y la miseria. El PIB (Producto Interior Bruto) turístico se elevó un 32% entre 2008 y 2017, a pesar de lo que nos cuentan, el empleo que aporta ese sector económico (puestos directos e indirectos de personas asalariadas y autónomas) creció únicamente un 3,2%. El viejo mito de que el turismo en Canarias genera empleo no se sostiene. A su vez el apoyo institucional a la industria turística, que más allá de un régimen fiscal que favorece los beneficios empresariales, supone un gasto público que se acerca a los mil millones de euros anuales en promoción, servicios e infraestructuras que sólo repercuten a un sector que ya tiene beneficios milmillonarios.

Lejos de apoyar nuevas ventajas para los millonarios de la Industria Turística, seguimos exigiendo saber dónde están los millones supuestamente recaudados por la RIC ya que llevamos años de total silencio y oscurantismo de dónde se han invertido esos recursos evadidos por las grandes empresas con la excusa de invertirlos en Canarias. Negociar un convenio que dignifique el empleo en el sector turístico, de controlar los abusos empresariales en materia de derechos laborales y establecer una mayor presión fiscal sobre los grandes grupos hoteleros. Hablamos de medidas que revertirían directamente en el reparto de la riqueza, la mejora del nivel de vida para decenas de miles de familias que viven del turismo y el aumento de los ingresos en las arcas públicas que posibilitarían la aplicación progresiva de una Renta Básica de las Iguales (Individual, incondicional y universal) para todas las personas sin ingresos y dotarla presupuestariamente.

ASAMBLEA CANARIA POR EL REPARTO DE LA RIQUEZA

CRÓNICA DE UN VIAJE A NINGUNA PARTE: CANARIAS COMO CÁRCEL COLONIAL

Se había preparado para un largo e incierto viaje, para enfrentarse al mar tormentoso, su cuerpo está habituado al hambre, al duro trabajo, a pasar frío y calor… pero no estaba preparado para lo que está sufriendo en este lugar de ignominia, de no vida, de humillación y barbarie.

No sabe si esta noche volverá la policía con cualquier excusa para despertarlo a golpes o para llevarle al aeropuerto para ser deportado o para encerrarlo en el CIE del que dicen que es peor que este lugar o trasladarle a un nuevo campamento o quizás sea la tormenta la que entre en la carpa y lo empape todo. Desconoce lo que pueda pasar en cualquier momento, tiene miedo y no tiene a nadie que le reconforte, siente como nunca la soledad y el rechazo.

El rechazo de quien le tenía que acoger y ahora le oprime, no entiende porque le tratan como a un animal, porque este racismo que le trata como a un criminal sin haber hecho nada, nadie le explica nada sobre su futuro, no sabe dónde estará mañana. Puede caminar por este país extraño, en círculos, de sol a sol, pero no tiene ningún control sobre su vida, no puede salir de la isla, es un muñeco de trapo en brazos de una fotogénica voluntaria de una ONG, un pelele al que vapulean los tertulianos en un plató de televisión, un decimal en las estadísticas, un nadie.

Esta es la realidad que pesa como una losa sobre las miles de personas migrantes que se han quedado varadas en las islas, especialmente las que se encuentran en los distintos campamentos de la barbarie creados para almacenarlas, clasificarlas y después expulsarlas. No hay otro plan. Primero alejarlas de las miradas, les afean el paisaje, nos contaban que algunos hoteles dónde se alojan personas migrantes han quitado los rótulos con el nombre del establecimiento, no quieren que su imagen se manche. Después maltratarlas lo suficiente para que no puedan sentirse acogidas, estabuladas en blanquísimas carpas que escondan su negritud, criminalizar para justificar el maltrato que reciben, despojar de su humanidad para que el miedo sustituya a la dignidad en sus miradas.

Esto no sería posible sin políticas institucionales racistas, sin directrices muy concretas de los Ministerios del Interior y de Inclusión (qué paradoja de nombre) de un gobierno que se dice progresista, sin la complicidad del resto de instituciones directamente afectadas y de las ONG Cruz Roja y ACCEM que supuestamente deben atenderlas, sin la labor represiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, sin los medios de comunicación y partidos políticos azuzando a la población para que vean un problema de seguridad en lugar de una emergencia humanitaria y la falta de voluntad política.

Toda la maquinaria de un estado democrático actuando como una apisonadora de los derechos humanos, así no extraña que miles de personas migrantes esta noche no puedan conciliar el sueño por miedo a que sus peores pesadillas se hagan realidad.


ASAMBLEA CANARIA POR EL REPARTO DE LA RIQUEZA

Ingreso Canario de Emergencia: una medida insuficiente de contención social.

El Gobierno de Canarias hace de la precariedad de las personas una campaña de marketing.

Ante la aprobación del Ingreso Canario de Emergencia (ICE), desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza denunciamos que se trata de una medida a todas luces insuficiente, que viene a parchear la incapacidad de las administraciones públicas para contener una situación como la actual.Se trata de una supuesta ayuda de emergencia social que consta de un único y mínimo ingreso durante el mes de mayo, destinado a unidades de convivencia sin ningún tipo de recurso que en el mejor de los casos llevan en esa situación extrema desde que comenzó el estado de alarma.

En un archipiélago como el canario en el que ya antes de esta nueva crisis, más de la mitad de la población estaba en situación de precariedad, según datos oficiales: en exclusión social el 29% o en riesgo de estarlo un 30,8%. Con un panorama en el que según los últimos datos disponibles en 2018 el 20% de la población canaria no pudo afrontar los costes de vivienda (hoy encarecidos) y el 23% tuvo que reducir los gastos de agua, luz e internet. Todo esto por supuesto sin contar ni concebir dentro de la ayuda en ningún momento a las miles de personas migrantes en situación irregular.Con una cuantía a todas luces insuficiente ya que se concede no a la persona sino a la unidad de convivencia en que ninguno de sus miembros tenga ningún recurso ni esté recibiendo otro tipo de ayuda.

En el caso de una unidad de convivencia de cuatro o más personas el importe máximo contemplado a percibir asciende a 478 euros para hacer frente a todos los gastos básicos para la vida.El presupuesto que se destina para esta ayuda es en total de unos 16 millones de euros, que saldrán de recursos propios de la Consejería de Derechos Sociales. Unos seis millones saldrán de la Prestación Canaria de Inserción y del adelanto para la prometida Renta Ciudadana aún sin implementar. Y otros diez millones provenientes de fondos de emergencia recibidos del Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, que en este momento de emergencia social se quitan recursos de los pocos que ya iban destinados a servicios sociales para una ayuda que se va a cobrar durante solo un mes, no destinando nuevos recursos de otras áreas como del gasto militar yde infraestructuras. Implementando impuestos progresivos a las grandes empresas y fortunas que se lucran de nuestras islas, destinando fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), de los mil millones de gasto público que se destinan cada año a promoción, servicios e infraestructuras para el sector turístico.Antes de conocer públicamente ni siquiera los requisitos para el acceso o la burocracia que se va a exigir, uno de los puntos que se exponen en el comunicado oficial es a qué mecanismos de control se va a someter a las familias empobrecidas que soliciten esta ayuda.

Sin embargo estos mecanismos de control nunca son ejercidos sobre las grandes empresas que evaden impuestos a través de las numerosas trampas fiscales que se lo permiten, como la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) que acumula cada año en torno a 1600 millones de euros. Un dinero sobre el que no se hace ningún control, ni se dan cifras oficiales ni sabemos a dónde va destinado. Mientraslas migajas que se planea repartir entre la población con más necesidad salen delya exiguo fondo de la propia consejería de derechos sociales.Nos presentan esta nueva medida de contención social como la gran salvadora de las personas en exclusión, como un salvavidas de rescate hasta que llegue la prometida Renta Mínima de Emergencia del gobierno central. Una Renta Mínima de Emergencia igualmente insuficiente,que seguirá dejando fuera a muchísimas personas y que para nada es una solución a la situación actual cuyas consecuencias más graves aún están por venir.Esta situación de colapso del sistema económico y de vida no es pasajera.

Es necesariobuscar soluciones integrales que a través del reparto de la riqueza garanticen una vida digna para todas las personas, lejos de las lógicas trasnochadas del imposible pleno empleo. La Renta Básica de las Iguales (RBis) es una herramienta transversal que asegurauna redistribución justa de la riqueza que todas generamos, garantizada como derecho, con una cuantía suficiente (R.P.C./2), individual, universal y con un fondo social destinado a generar comunidad que por fin ponga la vida en el centro.

No queremos sus migajas, exigimos nuestros derechos.

Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza

Las instituciones públicas dejan sin ayudas sociales a personas en situación de exclusión social en tiempos de cuarentena.

Se están paralizando los trámites de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y otras ayudas esenciales, sin dar alternativa alguna a las personas sin recursos. Y además se exige la entrega de documentos oficiales inaccesibles para tramitar las Ayudas de Emergencia.

Aunque se han habilitado números de atención telefónica, la información no está llegando a muchas personas sin acceso a tecnologías básicas.

A su vez los teléfonos se encuentran colapsados en muchos de los casos. Esto genera que las personas que necesitamos esos recursos nos veamos obligadas a realizar infinitas llamadas, hasta conseguir una cita que en muchos casos se retrasa semanas y en las que tampoco se soluciona la situación por estar los trámites paralizados.

Los ayuntamientos y gobierno de Canarias exigen documentos de Hacienda, judiciales, pagos de alquiler, documentos bancarios, INEM, solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, la aceptación firmada de las obligaciones y objetivos del plan de inserción (PCI) y su entrega a las administraciones por registros que permanecen cerrados. Quedando paralizadas las ayudas al no poder entregar los documentos requeridos.

El colapso de los medios y la burocracia condena a la pobreza y pone en riesgo la salud de personas y familias al forzarnos a salir a la calle para la consecución de trámites a los que somos obligadas.

Denunciamos la imposibilidad de acceder a Ayudas de Emergencia con la que se nos encontramos muchas personas y unidades de convivencia en estos momentos críticos para cubrir las necesidades más básicas.

Exigimos que se aumenten los recursos destinados a los servicios sociales municipales, se atienda de forma presencial y se amplíe el presupuesto destinado a las ayudas de emergencia social.

#PlanDeChoqueSocial  #YoMeQuedoEnCasaPeroConRentaBásica

ES LA HORA DE REIVINDICAR Y EXIGIR UNA VIDA DIGNA.
NO QUEREMOS CARIDAD,
QUEREMOS TODOS Y CADA UNO DE NUESTROS DERECHOS
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CONTACTO: asambleacanaria.acrr@gmail.com

ASAMBLEA CANARIA POR EL REPARTO DE LA RIQUEZA