Hoy nos levantamos con una campaña de presión de la Hotelera de Canarias a los municipios de las Islas en la que exigen que se les deje de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
el impuesto de actividades económicas (IAE), la tasa de basuras, la de terrazas y la rebaja del IGIC al 5%. A lo que se suma el compromiso del Gobierno de Canarias de poner en marcha un plan de ayudas directas al sector con 200 millones de Euros y elanunció también del aplazamiento durante seis meses del pago de la deuda fiscal y del primer trimestre del IGIC de este año valorado en 235 millones.
“Queremos que los ayuntamientos sean sensibles, ya que la economía canaria depende del turismo. Estamos dando este grito para que los ERTE no se conviertan en ERE» amenazan.
«Nos han cobrado todas las tasas municipales durante un año con cero ingresos. La única excepción ha sido Las Palmas, en la que no se va a cobrar el IBI en 2020 y 2021, lo que va a suponer una inyección de 10 millones de euros» continúan dejando claras cuáles han sido las ventajas con las que ha contado el sector en la ciudad de Gran Canaria, de las que no han podido disfrutar en las islas los millones de autónomas de otros sectores económicos, ni por supuesto las personas pertenecientes a la clase trabajadora que siguen teniendo que pagar religiosamente sus impuestos o arriesgándose a cortes de suministros básicos o desahucios a pesar de estar viviendo una de las mayores crisis económicas que se recuerdan, con Canarias liderando todas las listas de exclusión social y pobreza del Estado Español y Europa.
Una vez más asistimos atónitas a la exigencia de privilegios del monopolio turístico a pesar de ser el sector que más se ha beneficiado de las “ventajas fiscales” del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) y de haberse enriquecido durante décadas con nuestros recursos naturales y la mano de obra barata de nuestra población acumulando fortunas económicas que luego no eran invertidas en las islas y que en su gran mayoría recalaba fuera del Archipiélago. No contentas con ello, la Patronal Hotelera ahora pretende dejar de tributar en las Islas, lo que repercute directamente en el sostenimiento económico de los servicios básicos para la población canaria como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Ya son ocho los municipios que han cedido a las presiones del lobby turístico, como son el caso de Adeje, con un recorte del 10% en la tasa de recogida de residuos sólidos, o del 50% en el caso del Puerto de la Cruz, cuando la población canaria carece prácticamente de ayudas en este sentido y acceder a las pocas que existen se hace casi imposible condicional y burocráticamente.
El Turismo es un modelo que genera empleo precario, estacional en muchos lugares o temporal, con unas condiciones laborales de explotación. Genera desigualdad social, aumento de la pobreza, deterioro de la salud física y mental, y situaciones constantes de vulneración de derechos. Sabemos de lo que hablamos porque llevamos décadas sufriéndolo en nuestra casa: El salario medio de las personas empleadas en Canarias es de 1.420 euros brutos mensuales, a la cola del estado español, mientras los dueños de las empresas turísticas encabezan las listas de los más ricos de Canarias, como es el caso de Eustasio Antonio López González y hermanos de Lopesan Hoteles e IFA Group, con una fortuna estimada de mil millones de euros. Su fortuna repartida daría para pagar el salario anual de 58 mil personas, el 25% de las personas que están en el paro según la Encuesta de Población Activa (EPA). Entre los más ricos de Canarias además de los ya citados, según la lista Forbes 2018, se encuentran Juan Miguel Sanjuán y Jover (Grupo Satocán, de construcción y gestión turística) con 320 millones, Wolfgang Kiessling (Loro Parque) con 260 millones o Pedro Agustín del Castillo Machado y familia (Binter) con 200 millones. Todas fortunas generadas por la explotación turística. Estas son las empresarias que hoy exigen además dejar de tributar en este Archipiélago que han explotado casi hasta su extinción, mientras miles de canarias y canarios nos hundimos en la exclusión social y la miseria. El PIB (Producto Interior Bruto) turístico se elevó un 32% entre 2008 y 2017, a pesar de lo que nos cuentan, el empleo que aporta ese sector económico (puestos directos e indirectos de personas asalariadas y autónomas) creció únicamente un 3,2%. El viejo mito de que el turismo en Canarias genera empleo no se sostiene. A su vez el apoyo institucional a la industria turística, que más allá de un régimen fiscal que favorece los beneficios empresariales, supone un gasto público que se acerca a los mil millones de euros anuales en promoción, servicios e infraestructuras que sólo repercuten a un sector que ya tiene beneficios milmillonarios.
Lejos de apoyar nuevas ventajas para los millonarios de la Industria Turística, seguimos exigiendo saber dónde están los millones supuestamente recaudados por la RIC ya que llevamos años de total silencio y oscurantismo de dónde se han invertido esos recursos evadidos por las grandes empresas con la excusa de invertirlos en Canarias. Negociar un convenio que dignifique el empleo en el sector turístico, de controlar los abusos empresariales en materia de derechos laborales y establecer una mayor presión fiscal sobre los grandes grupos hoteleros. Hablamos de medidas que revertirían directamente en el reparto de la riqueza, la mejora del nivel de vida para decenas de miles de familias que viven del turismo y el aumento de los ingresos en las arcas públicas que posibilitarían la aplicación progresiva de una Renta Básica de las Iguales (Individual, incondicional y universal) para todas las personas sin ingresos y dotarla presupuestariamente.
ASAMBLEA CANARIA POR EL REPARTO DE LA RIQUEZA
