Las dicotomías heredadas y el fracaso del estadocentrismo
Las luchas sociales arrastran un conjunto de categorías heredadas que delimitan de antemano lo que se considera político, posible y legítimo. Estas categorías —forjadas históricamente en el pensamiento liberal y estatalista, e institucionalizadas a través del derecho, la administración y las formas modernas de gobierno— fragmentan la experiencia colectiva, desactivan antagonismos y reconducen los conflictos hacia marcos compatibles con la reproducción del orden existente. No operan únicamente como estructuras externas, sino que son interiorizadas, reproducidas y naturalizadas en las propias prácticas militantes y organizativas.
Pensar la política desde estos límites conduce, una y otra vez, a ciclos de movilización y agotamiento que no logran alterar las condiciones estructurales de la vida, precisamente porque actúan dentro de los marcos que pretenden impugnar.
Este artículo propone un desplazamiento crítico de ese marco. Siguiendo a Raquel Gutiérrez, examinamos las dicotomías que estructuran la política moderna para mostrar cómo invisibilizan la potencia política de las comunidades populares y refuerzan la centralidad del Estado como mediador exclusivo. Frente a ello, defendemos una política de la presencia, del autogobierno y de la disputa de lo común, anclada en la reproducción de la vida y en la capacidad de los entramados comunitarios para intervenir directamente sobre sus condiciones de existencia.
Dicotomías que ordenan el modo de organización político y socioeconómico, sus relaciones e incluso sus intervenciones desde las luchas sociales
Estas dicotomías pueden ordenarse en cuatro ejes fundamentales.
En primer lugar, la división entre lo político y lo social. El orden liberal presenta lo político como un ámbito universal, público y racional, mientras relega lo social a lo particular, lo privado y lo desordenado. De este modo, lo social aparece como un espacio carente de capacidad política propia. Esta separación oculta que lo social no solo produce política, sino que lo hace de manera especialmente intensa cuando se articula desde la reproducción de la vida, la autogestión y la resolución colectiva de necesidades materiales.Un ejemplo reciente puede encontrarse en la organización vecinal frente a la gentrificación en barrios como Guanarteme o frente a la crisis habitacional en las plataformas por el derecho a la vivienda surgidas en distintos puntos del archipiélago. El problema de acceder a una vivienda suele presentarse como una cuestión social o privada, dependiente de las circunstancias económicas de cada individuo o grupo, o de la intervención futura de las administraciones. Sin embargo, cuando las personas afectadas dejan de afrontar el problema de manera individual y comienzan a organizarse colectivamente —compartiendo información, asesorándose mutuamente, impidiendo desahucios, negociando conjuntamente o planteando formas de reapropiación de viviendas— aquello que era considerado un problema social adquiere inmediatamente una dimensión política. La política no aparece únicamente cuando se interpela al Parlamento o al Ayuntamiento, sino cuando las propias comunidades comienzan a gobernar aspectos concretos de la reproducción de su vida.
Esta división se reproduce por una tendencia predominante dentro de las propias luchas sociales cuando subordinan las prácticas cotidianas de cuidado, supervivencia y organización barrial a momentos considerados “estrictamente políticos” —manifestaciones, comunicados, asambleas, negociaciones— relegando lo social a un plano auxiliar o logístico. Sin embargo, existen también experiencias que desbordan esta separación y que muestran precisamente esta tensión entre la política entendida como representación y la política entendida como capacidad colectiva de organizar la vida donde se juega una parte fundamental del conflicto político contemporáneo.
En segundo lugar, la dicotomía entre lo político y lo económico. Bajo esta separación, el Estado aparece como árbitro neutral entre intereses contrapuestos, cuando en realidad el poder político está estructuralmente vinculado a la reproducción del capital. Esta división oculta la forma en que las decisiones políticas no solo gestionan, sino que preservan y legitiman relaciones económicas y sociales que profundizan la desigualdad y limitan la capacidad de acción colectiva.
En el contexto canario, esta dinámica se expresa con claridad. Las movilizaciones impulsadas por sindicatos de inquilinas y plataformas como Derecho al Techo en Las Palmas de Gran Canaria y otras islas evidencian cómo las demandas políticas por el derecho a una vivienda digna tienden a desplazarse hacia negociaciones con instancias estatales, institucionales e incluso supraestatales como la Unión Europea, en lugar de articular una disputa directa sobre la condición económica estructural de la vivienda. Este desplazamiento reproduce la propia dicotomía al trasladar el conflicto desde el terreno de las relaciones de propiedad hacia el ámbito de la gestión política.
De forma análoga, en protestas contra el turismo masivo —como las organizadas bajo el lema Canarias tiene un límite—, las críticas a los efectos económicos del modelo turístico derivan con frecuencia en peticiones de regulación estatal antes que en la construcción de alternativas económicas gestionadas colectivamente, reforzando la separación entre decisión política y transformación material.
Incluso en movilizaciones laborales, como las huelgas en la hostelería en Canarias, el énfasis en la mediación institucional reproduce la lógica de que la solución económica depende de acuerdos con el Estado/administración autonómica o la patronal, en lugar de potenciar la construcción de poder directo desde las bases. En todos estos casos, la dicotomía no solo describe el orden existente, sino que organiza la forma misma en que se interviene sobre él.
En tercer lugar, la oposición entre lo público y lo privado. Esta división margina las contradicciones del ámbito doméstico y productivo, tratándolas como no políticas. Las luchas feministas muestran con claridad el carácter político del trabajo doméstico, de los cuidados y de la reproducción de la vida. Sin embargo, persiste la idea de una “soberanía de lo privado” que no admite injerencias colectivas. Esta lógica también aparece cuando determinadas formas comunitarias de resolución de conflictos son deslegitimadas de antemano por el monopolio estatal de la justicia. Los debates en torno a la justicia transformativa -especialmente cuando suceden casos de violencias cisheteropatriarcales en los espacios políticos colectivos- muestran precisamente esta tensión: la posibilidad de que las comunidades participen activamente en procesos de reparación, responsabilización y transformación de los vínculos sociales suele quedar subordinada a la intervención exclusiva del aparato judicial. Más allá de las condiciones concretas en las que estos procesos puedan resultar adecuados o no, el debate pone de manifiesto hasta qué punto el Estado reclama para sí el monopolio legítimo de la gestión de los conflictos, dificultando imaginar otras formas colectivas de afrontar determinadas violencias.
Otro ejemplo es la proliferación de viviendas vacacionales que suele justificarse apelando al derecho individual de cada propietario a disponer libremente de su vivienda, desplazando a un segundo plano las consecuencias colectivas que esa suma de decisiones privadas produce sobre el acceso a la vivienda, la expulsión de residentes, la transformación de los barrios o la ruptura de los tejidos comunitarios. Lo que aparece como una decisión privada termina configurando una cuestión profundamente política. Incluso se llega a aceptar en el marco de una “redistribución del capital” proveniente del turismo, una vez más legitimando y justificando las mismas relaciones de producción y de propiedad existentes.
Las luchas sociales reproducen esta dicotomía cuando limitan su intervención al espacio público visible —calles, instituciones, comunicados, redes sociales— evitando confrontar las relaciones de poder que atraviesan los espacios privados como la salud, las relaciones sociales, los hogares, el transporte, etc. Frente a ello, la categoría de lo común no se limita a ampliar lo público, sino que desborda la propia distinción, situando la vida colectiva como eje central de la política y cuestionando la separación misma entre esferas.
En cuarto lugar, la oposición entre representación y presencia. La política moderna sustituye la participación directa por la representación del “pueblo” como una entidad abstracta separada de los cuerpos concretos que lo componen. La voluntad general se convierte así en un dispositivo que excluye la deliberación situada y la acción colectiva directa.
Frente a esta lógica, proponemos una política de la presencia. Esta no implica la eliminación de toda mediación, sino su sometimiento al control directo de los sujetos colectivos. La cuestión no es si hay o no representación, sino bajo qué condiciones se produce: si sustituye la acción de las comunidades o si permanece subordinada, limitada y revocable.
Esta dicotomía es alimentada por las propias luchas cuando delegan sistemáticamente la voz y la capacidad de decisión en portavocías, coordinadoras o cúpulas organizativas, reduciendo la participación popular a la asistencia a manifestaciones o a la validación posterior de decisiones ya tomadas, recogida de firmas, etc. En movilizaciones recientes en Canarias —incluido el ciclo del 20A— se observa cómo amplios sectores sociales participan masivamente en la calle, pero quedan excluidos de manera regular de los espacios donde se define la estrategia, se negocian los marcos o se decide el rumbo del conflicto, reforzando la distancia entre quienes “representan” y quienes solo “están”.
Producir lo común en las luchas sociales canarias
Desde esta perspectiva, el problema no es únicamente que estas dicotomías estructuren el orden liberal-estatal, sino que atraviesan también a las propias luchas sociales, condicionando sus formas de organización, sus métodos y sus horizontes. Superarlas no es una tarea exclusivamente teórica, sino práctica: implica reconocer que lo político puede desplegarse más allá del marco estatal, rompiendo la ficción del Estado como instancia omnipotente y abriendo la posibilidad de disputar, desde abajo, la gestión de lo común.
Ahora bien, esta apertura no puede pensarse únicamente en términos locales o fragmentarios. El problema de la escala es central. La confrontación con dinámicas como la acumulación capitalista, el modelo turístico o las estructuras supraestatales exige formas de articulación que desborden lo local sin reproducir la lógica estatal. Esto implica la construcción de redes y alianzas entre barrios, pueblos, etc., capaces de operar en distintos niveles sin concentrar el poder en instancias separadas de las comunidades, como algunas organizaciones sociales y políticas sin ningún arraigo pero representantes de todas las comunidades.
El problema central es que amplios sectores sociales no se encuentran organizados de forma suficiente y sostenida, no por falta de voluntad, sino por condiciones materiales que dificultan esa organización: precariedad, fragmentación social, temporalidades laborales inestables, dispersión territorial y desgaste político acumulado.
Esta orientación exige construir un tejido social y político heterogéneo, capaz de articular intereses, objetivos, estrategias y tácticas diversas sin homogeneizarlos. Recomponer las diferencias en procesos de lucha que confronten la acumulación de riqueza, el estado-centrismo y los dispositivos de control —violencias cisheteropatriarcales, racismo, violencia institucional, entre otros—.
Para ello, resulta imprescindible abandonar el “centro de mando” tradicional, no en favor de una dispersión ciega, sino de formas de coordinación distribuida e inteligencia colectiva que permitan tomar decisiones sin concentrar el poder. Gobernar al “pueblo”, en cambio, tradujo incluso en pretender indicar dónde colocarse en una manifestación (al final de la misma) de Canarias tiene un límite, aunque finalmente no se materializara. Incluso cuando no se expresa de forma explícita, esta práctica revela una relación paternalista con las comunidades.
Imponer una línea —ya sea reformista o revolucionaria— no altera esta lógica si la promesa de un futuro mejor no se acompaña de su despliegue efectivo en el territorio. Frente a ello, los procesos de autodeterminación política no estado-céntricos que garantizan la reproducción de la vida —sindicatos de vivienda, sindicatos obreros combativos, movimientos antirrepresivos, colectivos de regularización, centros sociales, asociaciones culturales— constituyen rupturas materiales con esa lógica, en la medida en que desplazan la política hacia prácticas concretas de organización y sostenimiento de la vida. No hay estado que tomar ni medida que exigir al gobierno que implante, sino espacios y gestiones concretas reapropiadas por las clases populares para su gobernanza directa sin intermediarios.
El núcleo de nuestra propuesta es potenciar políticas autónomas que erosionen la contradicción estado-céntrica entre vanguardias y masas hasta que el autogobierno garantice la reproducción de la vida, la transmisión de saberes y prácticas intergeneracionales, de manera paulatina mientras las contradicciones se van agudizando y ofreciendo en el presente un marco alternativo de sociabilidad comunitaria.
Esta posición comparte con el consejismo, una corriente comunista guiada fundamentada en la autonomía obrera y la autoemancipación de la clase trabajadora, apuesta por construir espacios de autonomía política relativa, entendidos como prácticas sostenidas temporal y materialmente y no como un horizonte abstracto y de promesa de futuro.
El estado-centrismo atraviesa buena parte del espectro de la izquierda política, que prioriza la toma del poder estatal (de forma parlamentaria o revolucionaria) o su influencia en el mismo frente a la creación de un tejido social efectivamente articulado. Desde aquí confrontamos toda línea política cuya culminación sea la transformación del Estado (reformista o revolucionario). Ello no implica negar la relevancia de los acontecimientos estatales, sino reconocer que, con independencia de su contenido, la forma-Estado tiende a reproducir dinámicas oligárquicas. Las cuales se traducen también en las luchas sociales al no ser capaces de salirse del marco estadocéntrico y jerarquizante, desactivando así la imaginación política.
La llamada ley de hierro de la oligarquía no debe entenderse como un destino inevitable, sino como una tendencia en las organizaciones sociales complejas que tienden a concentrar el poder en una minoría dirigente con el tiempo amparados en criterios como la eficiencia, control, burocratización, especialización técnica, profesionalización y pasividad de la militancia de segundo y tercer orden.Sin embargo, puede ser contrarrestada mediante prácticas organizativas específicas: rotación de responsabilidades, revocabilidad de cargos, transparencia, control colectivo de los recursos y limitación de la profesionalización política. Sin estos mecanismos, la concentración del poder en minorías dirigentes, la delegación y profesionalización política se reproducen de forma sistemática.
Para concluir, la superación de las dicotomías liberales no clausura el conflicto político; lo desplaza y lo reconfigura. Desplazar el centro de gravedad de la política desde el Estado hacia las prácticas de reproducción de la vida permite recuperar la presencia, el autogobierno y la disputa de lo común como ejes estratégicos. No negamos la existencia del Estado, sino de romper su monopolio sobre lo político.
La tarea que se abre no es conquistar el Estado para administrar desde arriba, sino construir desde abajo formas de autogobierno capaces de sostener la vida AQUÍ y AHORA (no en un horizonte utópico), disputar la riqueza socialmente producida y desarticular los dispositivos de dominación. Esto se traduce, en el presente, en la necesidad de ampliar y fortalecer los entramados comunitarios existentes, generar nuevas formas de organización allí donde no existen, y articularlas en redes capaces de intervenir sobre la realidad en múltiples escalas. Solo desde este desplazamiento puede abrirse un horizonte emancipatorio que no reproduzca, bajo nuevas formas, las mismas dicotomías que limitaron históricamente a las luchas populares.