La autodeterminación comunitaria ante sus barreras activistas
Viene de Problematización de las Luchas Sociales y el Vicio del Vanguardismo
Nuestro planteamiento se orienta, por el contrario, a sumergirse en las masas populares, organizarse desde ellas y desplegar luchas dirigidas a la reorganización política de la reproducción de la vida, atendiendo a necesidades vitales, parciales, materiales. No rechazamos la existencia de frentes de masas ni la pluralidad de líneas políticas en su interior, pero defendemos un marco asambleario donde se aspire a dirigir lo menos posible, al agenciamiento comunitario y a la injerencia en las relaciones sociales efectivas: proponer sin imponer, obedecer sin mandar, la utilización puntual de la representación política, portavocías rotatorias, priorizar el diálogo sin desdeñar la potencia política del disenso, agenciamiento de bienes comunales, obstrucción e incapacitación del proceso de extracción capitalista, redefinir mediante prácticas comunitarias los vínculos que atraviesan las luchas sociales, apostar por la capacitación mutua y perpetua de las personas implicadas mediante la transmisión e intercambio de saberes y prácticas socialmente efectivas son solo algunas de las tecnologías a nuestra disposición. Solo así las comunidades pueden agenciarse políticamente y asumir su autodeterminación sin sesgos que las anulen o condicionen hasta puntos insoportables.
De qué hablamos cuando nombramos las comunidades
En este sentido, las comunidades —también denominadas entramados comunitarios— pueden comprenderse como una multiplicidad heterogénea de “mundos de la vida” que generan y sostienen la existencia bajo pautas compartidas de aprendizaje, respeto, apoyo mutuo, dignidad y cuidados. Aunque no están exentas de tensiones y conflictos internos, se fundan fundamentalmente en un sentimiento recíproco de pertenencia y compromiso (barrio, calle, pueblo, edificio, territorio, etc.), el cual suele verse reforzado por formas de posesión colectiva, como la tierra, vivienda, fincas, centros sociales, etc.
A partir de los análisis clásicos y contemporáneos —como el contraste establecido por Ferdinand Tönnies—, la comunidad se distingue radicalmente de la mera “asociación” o de la sociedad capitalista moderna a través de una serie de rasgos estructurales. En primer lugar, su motor no es el cálculo instrumental, sino una voluntad esencial o natural, cuyo poder reside en las costumbres, las inercias de la práctica cotidiana y la memoria colectiva. En segundo lugar, en la comunidad predomina la posesión comunal de tierras y bienes, regulada mediante formas de derecho consuetudinario o comunitario-familiar, en oposición a la propiedad privada y al derecho contractual propio de las relaciones mercantiles. Finalmente, las comunidades operan desde un “nosotras” como plantea Raquel Gutiérrez que no puede reducirse a la suma de individuos, sino que constituye un tejido social que abriga, da refugio, nutre y permite desear y organizar la vida más allá de la lógica de la mercancía.
Desde una perspectiva política, este entramado constituye el terreno fértil de las instituciones populares, es decir, espacios de autogobierno y apoyo mutuo donde no existe la separación liberal entre lo económico y lo político. Los recursos administrados en común no son un ámbito separado de la vida política, sino su propia materia: aquello sobre lo que se decide colectivamente y a partir de lo cual se organiza la vida.
Históricamente, el Estado moderno, la ciencia económica liberal y el capitalismo han mostrado una profunda hostilidad hacia estas formas comunitarias, calificándolas de ineficientes, irracionales o arcaicas. Esta hostilidad no es meramente discursiva, sino que se traduce en un esfuerzo sistemático por desarticular los bienes comunes y producir individuos aislados —“ciudadanos”— sobre los que el Estado pueda ejercer su monopolio político y el capital pueda avanzar en su acumulación. Sin embargo, pese a este asedio constante, las comunidades persisten como una fuerza material de resistencia y como base para la construcción de prácticas de autonomía y autodeterminación.
Dificultades para potenciar el poder comunitario en la Canarias de hoy
Somos conscientes de los vicios heredados en las luchas sociales y de la escasez de perspectivas producidas tras la desarticulación de numerosos frentes y colectivos, así como del peso adquirido por determinadas figuras militantes que, en ausencia de procesos comunitarios sostenidos, pasaron a ocupar posiciones de centralidad como depositarias o salvaguardas de las experiencias pasadas y de las luchas. Esta configuración emerge precisamente allí donde los entramados comunitarios no logran desplegar plenamente su capacidad de autoorganización y deliberación.
En este contexto, se reproduce una forma de activismo que, aun en nombre del pueblo, tiende a decidir y actuar por él, convocando a las comunidades únicamente en momentos puntuales —manifestaciones, acciones previamente definidas— y relegándolas a un papel secundario en la determinación de los fines y de los medios. De este modo, se debilita la capacidad de las comunidades para constituirse como sujetos políticos activos, reduciendo su participación a la adhesión o ejecución. La exigencia, explícita o implícita, de pertenecer a una organización para participar políticamente constituye una expresión clara de esta lógica, en la medida en que desplaza la centralidad desde el entramado comunitario hacia estructuras que median y condicionan la acción.
Por ello, consideramos que toda forma de vanguardia encierra una potencia paternalista que no deriva únicamente de sus intenciones, sino de su propia forma de construcción y de su posición en el campo político. Este rasgo no puede ser abordado exclusivamente desde el interior de las organizaciones, aunque estas deban problematizar sus propias dinámicas, sino que requiere también ser confrontado desde los propios procesos comunitarios. Si las comunidades son, como señalábamos, el espacio donde se produce y sostiene la vida en común, es también desde ellas desde donde debe disputarse cualquier forma de mediación que limite su capacidad de autodeterminación.
Las correcciones organizativas competen, en efecto, a las organizaciones; sin embargo, la impugnación de los excesos vanguardistas y de las dinámicas que desplazan la agencia colectiva corresponde a las propias comunidades populares en lucha. Dado que no nos situamos como parte de ninguna vanguardia, colocamos deliberadamente el foco en este segundo nivel: en la necesidad de reforzar la capacidad de los entramados comunitarios para intervenir, decidir y sostener procesos políticos sin delegar su potencia en instancias que, aun cuando se presenten como necesarias, tienden a reproducir formas de dirección que limitan su autonomía.
En este sentido, reforzar la capacidad de los entramados comunitarios se traduce en prácticas concretas orientadas a ampliar y redistribuir la agencia política. Esto implica, entre otras cuestiones, animar a aquellos sectores de la sociedad que permanecen desmovilizados a involucrarse activamente en los procesos de lucha, asumiendo y atravesando la incomodidad que estos espacios generan. No se trata de idealizar la participación, sino de reconocer que los espacios de lucha son también espacios de poder: con protagonistas definidos, con posiciones a menudo rígidas, con lenguajes propios y con símbolos —incluidos los logos de organizaciones— que pueden operar como barreras de entrada.
Lejos de ignorar esta realidad, se trata de problematizarla colectivamente para evitar que estos elementos se consoliden como pilares excluyentes. La apertura de los procesos no puede consistir únicamente en poner “convocatoria abierta”, sino que requiere transformar las condiciones mismas de participación: cuestionar las formas de centralidad, flexibilizar los marcos de intervención, desbordar los lenguajes cerrados y generar espacios donde la incorporación de nuevos sujetos no implique su subordinación a dinámicas previamente fijadas.
Esto supone asumir que la ampliación de la participación es un trabajo político sostenido que implica disputar las inercias organizativas, desnaturalizar las jerarquías informales y habilitar condiciones reales para que la heterogeneidad social pueda intervenir sin quedar absorbida o neutralizada. Solo en este proceso puede comenzar a materializarse una práctica política en la que las comunidades no sean meramente convocadas, sino protagonistas efectivos en la definición y despliegue de la lucha.
Para concluir, la crítica a las luchas sociales actuales parte de que estas son una forma persistente de entender la política desde la exterioridad respecto a las comunidades populares. Se trata de una lógica que, aun revestida de lenguaje emancipador, reproduce relaciones de dirección, mediación y tutela que terminan debilitando la capacidad colectiva de autodeterminación. En este sentido, el problema no reside en la mayor o menor eficacia de una vanguardia concreta, sino en la estructura misma que sostiene la pretensión de conducir a las masas desde una posición separada.
Esta lógica, ya señalada en textos anteriores, se traduce en prácticas recurrentes: la clausura de la crítica interna, el sectarismo ideológico, la reducción de los métodos de lucha a dispositivos propagandísticos, la delegación sistemática de la acción política, el escaso vínculo con los procesos comunitarios que atraviesan las relaciones sociales. Estas dinámicas no solo limitan la imaginación política, sino que producen un vaciamiento progresivo de la participación popular, desplazando a las comunidades del centro de los procesos de decisión y acción.
Frente a ello, defendemos una orientación política que no busque representar, dirigir o hablar en nombre de las comunidades, sino organizarse desde ellas, en la inmanencia de las relaciones sociales, económicas y culturales. No se trata de negar los conflictos internos ni la pluralidad de estrategias, sino de asumirlos sin traducirlos en jerarquías estables ni en mecanismos de neutralización.
La experiencia reciente muestra que allí donde las comunidades populares rechazan delegar su acción política y se organizan de manera autónoma para intervenir en conflictos concretos, se abren grietas reales en la lógica de la representación y la burocratización. Estas prácticas no garantizan por sí mismas un horizonte emancipador, pero sí cuestionan la naturalización de la verticalidad y reafirman la posibilidad de otras formas de hacer política. En última instancia, la tarea que se abre no es la de corregir a las vanguardias para hacerlas más amables o eficientes, sino la de desplazar el centro de gravedad de la política hacia las propias comunidades en lucha. Solo desde ahí puede romperse el ciclo de auge y agotamiento que ha caracterizado a buena parte de los movimientos sociales recientes.