El Gobierno de Canarias hace de la precariedad de las personas una campaña de marketing.
Ante la aprobación del Ingreso Canario de Emergencia (ICE), desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza denunciamos que se trata de una medida a todas luces insuficiente, que viene a parchear la incapacidad de las administraciones públicas para contener una situación como la actual.Se trata de una supuesta ayuda de emergencia social que consta de un único y mínimo ingreso durante el mes de mayo, destinado a unidades de convivencia sin ningún tipo de recurso que en el mejor de los casos llevan en esa situación extrema desde que comenzó el estado de alarma.
En un archipiélago como el canario en el que ya antes de esta nueva crisis, más de la mitad de la población estaba en situación de precariedad, según datos oficiales: en exclusión social el 29% o en riesgo de estarlo un 30,8%. Con un panorama en el que según los últimos datos disponibles en 2018 el 20% de la población canaria no pudo afrontar los costes de vivienda (hoy encarecidos) y el 23% tuvo que reducir los gastos de agua, luz e internet. Todo esto por supuesto sin contar ni concebir dentro de la ayuda en ningún momento a las miles de personas migrantes en situación irregular.Con una cuantía a todas luces insuficiente ya que se concede no a la persona sino a la unidad de convivencia en que ninguno de sus miembros tenga ningún recurso ni esté recibiendo otro tipo de ayuda.
En el caso de una unidad de convivencia de cuatro o más personas el importe máximo contemplado a percibir asciende a 478 euros para hacer frente a todos los gastos básicos para la vida.El presupuesto que se destina para esta ayuda es en total de unos 16 millones de euros, que saldrán de recursos propios de la Consejería de Derechos Sociales. Unos seis millones saldrán de la Prestación Canaria de Inserción y del adelanto para la prometida Renta Ciudadana aún sin implementar. Y otros diez millones provenientes de fondos de emergencia recibidos del Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, que en este momento de emergencia social se quitan recursos de los pocos que ya iban destinados a servicios sociales para una ayuda que se va a cobrar durante solo un mes, no destinando nuevos recursos de otras áreas como del gasto militar yde infraestructuras. Implementando impuestos progresivos a las grandes empresas y fortunas que se lucran de nuestras islas, destinando fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), de los mil millones de gasto público que se destinan cada año a promoción, servicios e infraestructuras para el sector turístico.Antes de conocer públicamente ni siquiera los requisitos para el acceso o la burocracia que se va a exigir, uno de los puntos que se exponen en el comunicado oficial es a qué mecanismos de control se va a someter a las familias empobrecidas que soliciten esta ayuda.
Sin embargo estos mecanismos de control nunca son ejercidos sobre las grandes empresas que evaden impuestos a través de las numerosas trampas fiscales que se lo permiten, como la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) que acumula cada año en torno a 1600 millones de euros. Un dinero sobre el que no se hace ningún control, ni se dan cifras oficiales ni sabemos a dónde va destinado. Mientraslas migajas que se planea repartir entre la población con más necesidad salen delya exiguo fondo de la propia consejería de derechos sociales.Nos presentan esta nueva medida de contención social como la gran salvadora de las personas en exclusión, como un salvavidas de rescate hasta que llegue la prometida Renta Mínima de Emergencia del gobierno central. Una Renta Mínima de Emergencia igualmente insuficiente,que seguirá dejando fuera a muchísimas personas y que para nada es una solución a la situación actual cuyas consecuencias más graves aún están por venir.Esta situación de colapso del sistema económico y de vida no es pasajera.
Es necesariobuscar soluciones integrales que a través del reparto de la riqueza garanticen una vida digna para todas las personas, lejos de las lógicas trasnochadas del imposible pleno empleo. La Renta Básica de las Iguales (RBis) es una herramienta transversal que asegurauna redistribución justa de la riqueza que todas generamos, garantizada como derecho, con una cuantía suficiente (R.P.C./2), individual, universal y con un fondo social destinado a generar comunidad que por fin ponga la vida en el centro.
No queremos sus migajas, exigimos nuestros derechos.
Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza