Problematización de las Luchas Sociales y el Vicio del Vanguardismo
Las luchas sociales en Canarias presentan una trayectoria histórica discontinua, definida en gran medida por la necesidad de hacer frente a coyunturas defensivas más que por la construcción sostenida de proyectos propios. En cada uno de estos escenarios —la huelga general de 2012, el movimiento 15M, el movimiento Pre-Parados, Stop Desahucios, Salvar el Puertito, Salvar La Tejita, la lucha contra las prospecciones petrolíferas o Salvar Agaete— se hacía frente, de manera simultánea, a distintas formas entrelazadas de acumulación capitalista y de concentración del poder institucional. Son conflictos donde la explotación económica y la gestión política del territorio operan conjuntamente: la acumulación de capital se sostiene a través de dispositivos institucionales, y estos, a su vez, se legitiman y reproducen mediante dicha acumulación. El ciclo del 20A participa de la misma matriz conflictiva, el ensamblaje que articula capital e institución en la producción y control de la vida social. Por otro lado, también contamos con otras experiencias de lucha significativas como la del 8M de 2018 contra la normalización patriarcal, o la constitución de un espacio de acción frente al recrudecimiento de la expansión imperialista y el genocidio y por la autodeterminación política de Palestina. Estas luchas no se sitúan al margen de las anteriores, sino que introducen y despliegan frente a otras fuerzas que las atraviesan y complementan: por un lado, la geopolítica del capital y del estado requiriendo del imperialismo para su supervivencia y, por otro lado, la reproducción social y las relaciones de género y raciales como prácticas que sostienen la producción capitalista y la organización de las sociedades estatalizadas.
Sin embargo, las luchas no solo presentan límites externos que frenan la consecución de los objetivos (capital, estado, alianzas imperiales, discursos patriarcales, etc.), sino también internos de sus propias formas de organización y acción. Pensar críticamente las luchas sociales implica, por tanto, volver la mirada no solo hacia el poder que los confronta, sino hacia las dinámicas que, desde dentro, reproducen bloqueos, jerarquías y modos de hacer que terminan debilitando la potencia colectiva. En este sentido, la problematización de los métodos de lucha, de las formas de dirección y de las relaciones entre organizaciones y comunidades populares se vuelve una tarea ineludible si se pretende abrir horizontes políticos que no repitan los mismos ciclos de auge y agotamiento.
Este artículo se inscribe en esa necesidad. No como un ajuste de cuentas ni como una enmienda moral, sino como un ejercicio de crítica política orientado a identificar los vicios que atraviesan a los frentes de masas y a las organizaciones sociales en Canarias, con especial atención al vanguardismo como lógica persistente de neutralización de la autodeterminación popular.
Si atendemos al modo en que las organizaciones políticas y los colectivos sociales se comunican entre sí —ya sea de manera implícita o explícita, en espacios de convergencia o en ámbitos internos, en lo privado o en lo público— podemos identificar una dinámica generalizada: la construcción de enemistades de carácter ideológico que obstruyen las posibilidades reales de acción política.
No existen espacios ajenos a las correlaciones de fuerzas. Ningún terreno es neutral o unitario, y ni siquiera la pretendida “unidad de partido” es otra cosa que una ficción sostenida sobre tensiones internas y externas. Las discrepancias, lejos de ser un problema en sí mismas, constituyen oportunidades para la autocrítica y el acierto estratégico. Frente a ello, el sectarismo propio de posiciones dogmáticas y ortodoxas impone líneas cerradas que generan efectos indeseados: desmovilización, aislamiento respecto a las masas y empobrecimiento de la acción política.
Por esta razón, revalidamos una vez más la necesidad de una crítica interna constructiva, no para tejer relaciones de enemistad, sino para elevar los métodos de lucha de los frentes de masas mediante el establecimiento de relaciones de vecindad política y de deliberación y acción colectiva. Esto exige romper con posiciones estancas y antagónicas que terminan derivando en la monopolización de las luchas sociales por aquellos sujetos que, sin necesidad de una legitimación explícita, ocupan posiciones de centralidad en la orientación de la lucha actuando como “dirigentes” al fijar los marcos de interpretación, los ritmos y las formas de intervención, tienden a normalizar determinadas posiciones y a desplazar o neutralizar aquellas que no encajan dentro del marco preestablecido.
Pero, sobre todo se materializa en la expulsión —sutil o forzosa— de los espacios organizativos de las voces críticas con su consecuente pérdida de energía popular y el reajuste de las fuerzas internas sobrecargando a las que aceptan la posición.
En este contexto, determinados actores que ocupan posiciones de centralidad en los frentes de masas y en las organizaciones políticas —no siempre por una legitimación explícita, sino por acumulación de visibilidad, capacidad discursiva o control de los espacios— tienden a cercenar las posibilidades de imaginación política al fijar marcos de intervención que delimitan de antemano qué propuestas son viables y cuáles quedan fuera de juego. Este cierre no opera únicamente como exclusión directa, sino como normalización de unas posiciones frente a otras, donde el consenso o las mayorías funcionan como dispositivos que estabilizan la dirección de la lucha y desplazan aquellas iniciativas que no son “aceptables”.
Por ello, la deliberación tanto de los fines como de los medios para alcanzarlos no se produce en un campo abierto de posibilidades, sino que queda encauzada dentro de unas coordenadas previamente establecidas que condicionan de antemano los resultados posibles. En este sentido, no solo se decide sobre los objetivos o las estrategias, sino que se delimita el propio campo de lo decidible, fijando qué formas de acción, qué ritmos, qué lenguajes y qué horizontes pueden ser puestos en juego. Este encuadre previo de la deliberación termina reproduciendo un paradigma de intervención que, a la luz del presente, puede ser juzgado como ineficaz, no únicamente por sus resultados, sino por su propia forma de operar, en tanto que contribuye a estabilizar las condiciones que dice querer transformar.
De este modo, el problema no se agota en una cuestión de dirección o de liderazgo, sino que remite a una reorganización más profunda de la práctica política. Cuando los márgenes de la deliberación quedan fijados, la propia acción tiende a desplazarse hacia formas compatibles con dichos límites, reduciendo su capacidad de intervención sobre las condiciones materiales y reorientándose hacia modalidades de acción que priorizan la visibilización, la agregación -por medio del reclutamiento- y la producción de consenso. Este desplazamiento se inscribe en la propia lógica de los marcos que ordenan la acción, generando una coherencia interna entre la forma de deliberar y la forma de intervenir.
En el seno de este marco, nos encontramos con que la táctica proselitista y propagandística tiende a imponerse, sustituyendo la intervención directa sobre las condiciones materiales por la circulación de discursos y representaciones. El uso panfletario de los lenguajes de liberación se desvincula de la consecución de objetivos materiales, relegando prácticas como la acción directa, la apropiación de la riqueza o la construcción de tejido social activo.
En lugar de intervenir sobre las relaciones sociales y económicas, proliferan dispositivos orientados a la agregación y visibilización —programas de mínimos, recogidas de firmas, campañas— que, aunque no carecen de utilidad, operan principalmente en el registro de la captación y la adhesión. De este modo, la política tiende a desplazarse hacia la acumulación de apoyos simbólicos o numéricos, mientras la transformación efectiva de las condiciones materiales de vida queda subordinada o pospuesta.
No resulta casual que determinadas dinámicas de frentes de masas y organizaciones políticas se asemejen, en este sentido, a las de ciertas sectas: buscan legitimar la verdad de su existencia política a través del crecimiento cuantitativo de militantes o simpatizantes. Para ello, recurren con frecuencia a falacias de autoridad, invocando la superioridad de determinados enunciados por haber sido formulados por grandes figuras intelectuales. Frente a esta deriva, nuestra posición respecto a las aportaciones de teóricos y militantes revolucionarios es clara: revalidar sus afirmaciones en lo real concreto-actual, sometiéndolas a prueba en las condiciones históricas presentes, para no caer en el idealismo ni en la repetición ritual.
En definitiva, criticamos la adopción de una postura activista y militante que asume el papel de sacerdote: la teoría invocada como sagrada, sus autoridades elevadas a oráculos que clausuran el pensamiento y fijan de antemano el modo de presentación de lo real. Se trata de una erudición vacía, una repetición ritual del saber de los “padres fundadores” de la teoría revolucionaria o reformista, que sustituye la crítica viva por la cita legitimadora.
Esta actitud profética es característica del vanguardismo, entendido aquí como una estrategia política y orgánica clásicamente asociada a la figura del Partido, compuesto por sectores considerados más cualificados, disciplinados y con mayor nivel de conciencia. Este modo de organización, inserto en una estrategia de dirección de las masas, se distingue tanto de los frentes de masas —que agrupan sectores sociales heterogéneos— como de las organizaciones de clase articuladas en torno a intereses específicos.
A lo largo del texto utilizamos el término vanguardismo para referirnos a cualquier organización —sea o no un partido— que aspire a dirigir, decidir y hablar en nombre de las comunidades desde una posición de exterioridad, convirtiendo a estas en abstracciones representables por núcleos de activistas o militantes. Asimismo, caracterizamos este vanguardismo por su función neutralizadora de los procesos de autogobierno y organización popular, al subordinar toda acción política, generalmente, a estrategias institucionales. Desde este punto de vista, coordinadoras, asociaciones vecinales, colectivos sociales u organizaciones políticas pueden verse animadas por un espíritu vanguardista, aunque sea la figura del partido la que mejor encaje en este esquema al aspirar directamente a la toma del poder.
Por la composición de espacios de confluencia como “Canarias tiene un límite” o la comisión de seguimiento de CTL “Canarias Palante”, cabría categorizarlos como frentes de masas, al tratarse de amplias coaliciones que aglutinan distintas posiciones políticas y estratégicas.
Sin embargo, atendiendo a su modo de hacer política, pueden identificarse —en mayor o menor grado, según coyunturas, culturas políticas y tejidos territoriales— ciertas pretensiones vanguardistas. Por un lado, pese a las pretensiones de horizontalidad se aproxima más a una torre de babel vertical donde determinadas posiciones políticas se hallan privilegiadas por los fenómenos anteriormente mencionados y también por la multimilitancia donde determinados actores políticos están presentes en distintos frentes y organizaciones.
Por otro lado, cabe señalar una dificultad añadida: construir la casa por el tejado. Los mismos actores políticos construyen una escalera y ascienden a siguiente planta sin que la escalera esté sujeta al piso, sin inmersión alguna en la comunidades populares, sin ningún trabajo de base que permita que esa segunda planta adquiera sentido. ¿Por qué no establecer la máxima de que sean las comunidades populares quienes se agencien de la acción política?
Justamente, escuchábamos la intuición contraria en el seno de una jornada organizada por La Colectiva, donde la representación política y la incapacidad de las comunidades populares de agenciarse de la acción política apenas se puso en cuestión. Al contrario, se daba por supuesto la incapacidad material y subjetiva del agenciamiento popular de la política y la necesidad de la representación política para suplir dicha carencia. De este modo, se naturaliza el modo de organización social, económico y político pretendiendo nada más hacer determinados ajustes en el mismo buscando mayores cuotas de justicia social y democratización. Sin embargo, ¿por qué no guiarnos por la máxima de intentar involucrar al máximo número de sujetos políticos a distintos niveles, transformando el modo de organización social y político o construyendo espacios de autodeterminación política que hagan conciliable la participación política?
En este sentido, aquí podemos ver otro espacio que pretende construirse desde una política radical sin apenas cuestionar los presupuestos desde los cuales se enuncia. Asimismo, la radicalidad no es performativa por el simple hecho de enunciarse. No basta con autodefinirse como radical, utilizar una gramática rupturista o sostener un lenguaje confrontativo con el espectro izquierdista para producir una ruptura efectiva con las formas dominantes de organización política. La radicalidad no acontece automáticamente en el plano discursivo, sino en el modo en que se alteran las relaciones concretas de poder, de decisión y de reproducción de la vida. En otras palabras, un discurso puede presentarse como profundamente radical mientras continúa reproduciendo intactas las lógicas de representación, delegación y centralización política que dice combatir
Del mismo modo, también pueden reproducirse lugares privilegiados de enunciación donde determinadas voces adquieren centralidad no únicamente por la potencia de sus argumentos, sino por la posición política, cultural, académica, organizativa o simbólica que ocupan dentro de los espacios de lucha.
Así, ciertos discursos terminan imponiéndose menos por un proceso abierto de deliberación colectiva que por la autoridad informal acumulada por quienes los enuncian. La experiencia militante, la visibilidad pública, el capital cultural, la cercanía a organizaciones consolidadas o el control de determinados espacios políticos y comunicativos producen asimetrías reales en la circulación de la palabra. Esto provoca que algunas posiciones aparezcan de antemano como más legítimas, razonables o responsables, mientras otras quedan desplazadas hacia los márgenes, infantilizadas o directamente desautorizadas.
El problema no reside únicamente en la existencia de diferencias de experiencia o de capacidad discursiva —inevitables en cualquier proceso político—, sino en la cristalización de dichas diferencias como jerarquías relativamente estables que terminan delimitando el campo de lo pensable, lo decible y lo políticamente aceptable. De este modo, incluso espacios que se presentan como horizontales pueden reproducir mecanismos de cierre donde determinadas posiciones funcionan como centros gravitatorios de la deliberación, condicionando anticipadamente qué formas de acción, qué ritmos y qué estrategias pueden desarrollarse.
Radicalizar la política implica también erosionar la monopolización informal de la palabra, abrir espacios reales de intervención para sujetos históricamente desplazados y permitir que los disensos no queden permanentemente subordinados a consensos administrados desde posiciones de centralidad política o simbólica.
La palabra radical proviene del latín radix, que significa raíz. Una política radical, por tanto, no debería limitarse a gestionar los efectos más visibles de las contradicciones sociales, sino interrogar y transformar las raíces mismas que producen dichas contradicciones.
Desde esta perspectiva, una política verdaderamente radical no puede conformarse con redistribuir parcialmente los efectos de la acumulación capitalista ni con ampliar cuotas de representación dentro de las formas estatales ya dadas, sino que debe poner en cuestión los propios mecanismos que producen la separación entre gobernantes y gobernadas, dirigentes y dirigidas, representantes y representadas. Esto implica problematizar las estructuras profundas que organizan la vida social: la división entre quienes administran y quienes obedecen, la monopolización institucional de lo político, la delegación permanente de la capacidad de decisión y la subordinación de la reproducción de la vida a la acumulación del capital.
En otras palabras, el alcance de una política radical no se mide únicamente por el contenido de sus reivindicaciones, sino también por el modo en que transforma las relaciones sociales y políticas en el propio proceso de lucha. Porque resulta contradictorio aspirar a horizontes emancipatorios manteniendo intactas las formas de organización que históricamente han neutralizado la capacidad de autodeterminación de las comunidades populares. Una política radical no consiste solamente en pedir cambios más profundos en las instituciones, sino en abrir procesos donde las propias comunidades recuperen capacidad efectiva de deliberación, decisión y acción sobre los asuntos que afectan directamente a su existencia.
De lo contrario, la radicalidad corre el riesgo de convertirse en una estética política o en una intensificación discursiva que, pese a presentarse como rupturista, permanece encerrada dentro de los límites del mismo paradigma representativo y estado-céntrico que dice cuestionar.
Volviendo a Canarias tiene un límite, dicha coordinación entre colectivos pretende aumentar la fuerza colectiva de los mismos, es decir, mediante la interacción plural intentar incidir más políticamente. Esto se traduce en la falsa ilusión de que por medio de la agregación política y la coordinación se impactará más en la tragedia canaria. Sin embargo, ¿qué sujetos políticos son los agregados? ¿Cual es la realidad de los distintos sujetos políticos? La agregación de la agregación de la agregación es el criterio que guía en muchas ocasiones la praxis política.
Y acaso no cabe preguntarse porqué en vez de agregar lo existente, ¿por qué no contribuir a producir nuevos sujetos políticos? ¿Por qué supone una amenaza para lo existente la aparición de nuevos actores políticos? Parece que para que unos pretendan gobernar en el seno de las luchas sociales y/o en las instituciones, otros deben dejar ese espacio libre y la multiplicación de sujetos políticos desde esta lógica solo puede suponer un obstáculo para la gobernabilidad.
Aunque no aspiren explícitamente a la toma del poder, sí esperan que sus demandas sean satisfechas en el ámbito institucional y de representación política. Estos espacios, lejos de ser homogéneos, albergan disputas internas en torno a la “mejor forma de dirección”, sin que se cuestione de manera sistemática el presupuesto mismo de conducir a las comunidades.
Salvo algunas excepciones insulares, otras coordinadoras se encuentran hoy contra las cuerdas: sectarismo, aislamiento respecto a las masas, escasa combatividad y deriva conciliadora. Han priorizado apaciguar la efervescencia popular, como quedó evidenciado en la detención producida durante la manifestación del sur de Gran Canaria y en las posteriores identificaciones y multas, donde se antepuso la “normalidad” de la movilización a la denuncia de la violencia policial e institucional. En estos casos, no se veló por la seguridad de las manifestantes, sino por preservar la imagen de una reivindicación “pacífica y amigable”. Nuestros “chalecos amarillos” no destacan precisamente por su combatividad. La función policial termina así por permearnos: vigilantes y correctores de cualquier desviación que altere la normalidad manifestante y social.
De manera paralela, emergen también las “policías de la moral y de las ideas”: disputas por la autoridad del Bien y de la Verdad donde el “yo soy más que tú” obstruye los procesos de lucha. La sobredeterminación moral e ideológica impide establecer relaciones de vecindad política. Son, en cambio, las condiciones materiales y subjetivas las que permiten construir relaciones comunitarias y de apoyo mutuo. Como desarrollaremos en próximos artículos, permanecer en la inmanencia de las relaciones sociales, económicas y culturales permite intervenir directamente en ellas mediante espacios de autodeterminación política que no requieren soporte institucional, aunque puedan establecer alianzas coyunturales.
Este fenómeno se ha observado en sectores sociales que no se sienten representados por las coordinadoras, rechazan delegar su acción política en terceros y se organizan de manera autónoma para acciones directas de sabotaje en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Estas prácticas evidencian la insuficiencia de las coordinadoras como aspirantes a representar una supuesta “voluntad popular”, disputada también por portavoces institucionales como el gobierno y la oposición. No es casual que incluso el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmara: “Si fuese un ciudadano más, probablemente iría”, evidenciando la disputa generalizada por la representación. Aquí está el núcleo del problema: nadie somete a crítica la representación, sino se pretende influir en su correlación.
Frente a esta dilución del 20A, las acciones espontáneas, los boicots y los movimientos de masas en su libre autodeterminación —grupos de afinidad, vecinas y vecinos organizados horizontalmente para acciones directas— constituyen experiencias que cuestionan la verticalidad, la delegación, la burocratización y la asfixia de la iniciativa y la creatividad popular.
Podrá sostenerse que el problema reside en las vanguardias actuales. Sin embargo, consideramos que la emergencia de una vanguardia más “efectiva”, ya sea revolucionaria o reformista, reproduciría los mismos efectos mientras no se altere la estructura profunda de funcionamiento —jerarquía, delegación, dirección— ni la relación vertical con las masas, basada en la posesión de un saber superior para organizar la vida de las otras.
Incluso en escenarios de cercanía, escucha y acompañamiento, las activistas con aspiraciones de vanguardia operan como mediación entre la “verdad de la línea” y los intereses heterogéneos de las masas. De este modo, reproducen una función sacerdotal: traducen la teoría revolucionaria o reformista a experiencias populares consideradas espontáneas o alienadas.
El problema, por tanto, no se reduce a la existencia de determinadas organizaciones, partidos o figuras concretas, sino a una forma histórica de entender la política desde la separación entre quienes supuestamente saben y quienes únicamente deben adherirse, obedecer o ser conducidos. Mientras las comunidades populares continúen siendo tratadas como masas a organizar desde fuera —y no como espacios capaces de producir por sí mismas deliberación, conflicto, aprendizaje y acción política— las luchas tenderán a reproducir los mismos ciclos de auge, agotamiento, delegación y desarticulación que han marcado buena parte de la experiencia reciente en Canarias.
A lo largo del texto hemos intentado mostrar cómo esta lógica vanguardista no opera únicamente mediante estructuras rígidas o jerarquías explícitas, sino también a través de dinámicas más difusas: la monopolización de la palabra legítima, la clausura de la crítica interna, la normalización de determinadas posiciones políticas, la subordinación de los medios a marcos previamente fijados y el desplazamiento de la praxis hacia formas centradas en la propaganda, la captación y la representación. El problema no reside solamente en quién dirige, sino en el propio paradigma que concibe la política como dirección externa de las comunidades.
En este sentido, la crítica aquí desarrollada no pretende alimentar nuevas enemistades ideológicas ni disputar quién posee la “línea correcta”, sino abrir una problematización sobre las formas concretas de organización y sobre los efectos que producen. Porque incluso las organizaciones surgidas con vocación emancipadora pueden terminar reproduciendo dinámicas de tutela, burocratización y neutralización de la potencia popular cuando la autodeterminación de las comunidades queda subordinada a estrategias, ritmos y marcos definidos desde núcleos separados.
Frente a ello, las experiencias de autoorganización espontánea, los grupos de afinidad, las acciones directas descentralizadas y las formas de organización horizontal que han emergido en distintos puntos del archipiélago señalan otra posibilidad política: la reapropiación de la capacidad de hacer por parte de las propias comunidades. No porque estas experiencias estén libres de contradicciones, errores o límites, sino porque desplazan el centro de gravedad de la política desde la representación hacia la intervención directa sobre las condiciones materiales de vida.
La cuestión decisiva pasa entonces por abandonar la obsesión por conducir al pueblo y comenzar a pensar cómo generar las condiciones para que las propias comunidades puedan organizarse, deliberar, equivocarse, aprender y disputar colectivamente aquello que afecta a su existencia. Ello implica asumir la heterogeneidad, el conflicto interno y el disenso no como amenazas a neutralizar, sino como condiciones inevitables de cualquier proceso político vivo.
En última instancia, la tarea no consiste en construir una vanguardia más eficaz, más amable o más cercana, sino en romper progresivamente con la necesidad misma de la mediación vanguardista como forma dominante de organización política. Solo así podrá comenzar a erosionarse la distancia entre quienes “hacen política” y quienes únicamente son convocadas a seguirla. Y solo desde ahí podrán emerger procesos capaces de sostener, más allá de las coyunturas puntuales, formas duraderas de autodeterminación popular.