Recientemente volvía a salir a la luz pública una iniciativa por parte de una fuerza política de la oposición lagunera, en torno a los polémicos presupuestos destinados a la salvaguarda y conservación del patrimonio cultural en el municipio. Un dinero que se anuncia, iría destinado a proteger el legado patrimonial, dentro del que estarían incluídos los valores materiales guanches. Como ya hemos anunciado en varias ocasiones en prensa, la realidad que atraviesa el legado guanche en la isla y particularmente en un municipio con la importancia histórica de La Laguna de Aguere -por ser uno de los enclaves patrimoniales centrales en la historia pre y post colonial de canarias-, se podría catalogar como catastrófica. No existe ni un solo yacimiento que cuente con alguna medida de protección, de cuantos ya hay catalogados y aún muchos de los existentes, siguen sin catalogación y por tanto, sin el amparo jurídico que confiere una figura de protección oficial. Aunque el que un bien esté catalogado no garantiza que quede efectivamente protegido, dada la histórica falta de cumplimiento del conjunto de administraciones públicas en lo referente al legado guanche.
Ya en verano del 2024 se anunciaba en prensa la concesión por parte del Cabildo de una serie de subvenciones destinadas a la protección patrimonial de los municipios que la solicitaron. En total sumaba 1.6 millones de euros repartidos entre 15 consistorios. San Cristóbal de la Laguna fue uno de los municipios que la recibieron. En la noticia se declaraba que la elaboración y aprobación de catálogos de protección municipal era “fundamental para garantizar la protección del patrimonio histórico”. Todo ello como parte de una retórica que contrasta con el incumplimiento prolongado de esta misma premisa. Pese a lo que dicta la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias del 2019, ningún municipio a día de hoy ha cumplido con la actualización y puesta a punto de sus catálogos arqueológicos. Además, esta subvención debía poder “propiciar como objetivo prioritario, la articulación de una colaboración constante entre instituciones y establecer canales de trabajo continuos que faciliten la elaboración de estos catálogos y su posterior aprobación”. Todo quedó en palabras. La falta de interés político y la ausencia de implementación práctica en lo referente al área arqueología dentro del municipio lagunero, nos hace entender que esta partida presupuestaria tuvo que ser devuelta o bien que se perdió por el camino, sin que exista más información pública al respecto. No hay constancia de que se ejecutase plan alguno en lo referente al patrimonio arqueológico en La Laguna ni en 2024 ni en 2025. Muchos yacimientos y sus entornos continúan presentando un estado de deterioro lamentable y los atentados y expolios que hacen peligrar su conservación se siguen sucediendo, cada vez con mayor frecuencia.
Por iniciativa de este partido de la oposición del ayuntamiento lagunero, el gobierno municipal se compromete a “buscar medios materiales y humanos y dar los pasos previos a la aprobación de su catálogo arqueológico”. Si bien en esta declaración se hace hincapié en unos pocos yacimientos popularizados recientemente por publicaciones de carácter divulgativo, lo cierto es que la mayoría de yacimientos que alberga el término municipal continúan siendo ignorados y como consecuencia de su abandono, vandalizados y destruídos. En ocasiones los bienes dañados llegan a estar recogidos en el catálogo insular y por tanto, aunque el municipio no lo contemple en su propio catálogo, las administraciones deberían poder coordinarse eficientemente y cooperar en el empeño de salvaguardar el patrimonio común.
Debemos recordar así mismo, que desde que una manifestación de arte rupestre guanche entra en registro oficial al ser catalogada, debería pasar bajo protección inmediata de las instituciones, como garantía de su reconocimiento jurídico e independientemente de su categoría y nivel de consideración. La diferenciación entre un bien meramente inventariado, otro que ha recibido la categoría de Bien de Interés Patrimonial y aquel que recibe la categoría más alta como Bien de Interés Cultural, reside en el tipo de protección administrativa que reciben, dotando a unos de un pretendido “mayor interés” por motivos de consideración técnica a efectos legales. Esta escala de valor y por tanto de importancia recibida por un bien patrimonial ante la administración, no exime que todos deban ser igualmente protegidos en última instancia y sin distinción. La declaración de una zona más amplia como de Interés Arqueológico, por ejemplo, permite aunar multitud de bienes con un nivel de protección básico o medio, de forma individual, garantizando que sean entendidos como un B.I.C. -el mayor nivel de protección reconocido- en su conjunto. Esto debería ser suficiente para ejecutar medidas de protección, conservación y divulgación responsable, sin perjuicio de ningún vestigio indígena. Todos valen por igual y todos merecen el mismo respeto, como muestras exclusivas, únicas e irrepetibles que son, de nuestra ancestralidad como pueblo.
Nos preguntamos si esta declaración de buenas intenciones, tiene en cuenta esta información y el hecho de que en 2024 ya se hubiera solicitado una subvención que nunca fue empleada para el fin previsto. Pareciera que el consistorio lagunero acabara de caer en la cuenta de que deben proteger su patrimonio indígena. Sin embargo la hemeroteca nos recuerda las preferencias del gobierno municipal como en el caso del frustrado Centro de Interpretación en la casa de los Estévanez-Borges (que tras más de dos millones de euros invertidos, sigue cerrado y sin utilidad asegurada) o del palacio de Nava y Grimón -sí, la casa señorial en la que figura en el escudo de su fachada la cabeza de un guanche decapitado-, que recibiera más de un millón de euros en su restauración. Estos casos y otros similares nos recuerdan que el dinero se ha empleado y dirigido a proyectos concretos, cuando la voluntad política lo ha requerido y que la preferencia a la hora de defender un bien patrimonial u otro, varía en función de si éste representa la historia colonial o la del pueblo indígena.
Otro ejemplo del cinismo con el que actúa el consistorio lagunero, fue el anuncio reciente por parte del pleno de un acuerdo por el que se aprueba el impulso de un plan integral para el Centro de Interpretación del Barranco del Muerto en el barrio de San Matías. Ya en Mayo de 2021 se inaugura, tras una inversión de 36.000 euros (con financiación del Cabildo y Gobierno de Canarias) un proyecto por el que el I.E.S. San Matías, un centro de educación secundaria, acogería un espacio divulgativo que pusiera en valor algunos de los bienes guanches presentes en esa importante zona costera, la cual curiosamente, en realidad pertenece a Santa Cruz. El Centro de Interpretación no obstante y el anuncio, sigue a día de hoy cerrado al público, ya que al tratarse de un centro educativo, no existen mecanismos que garanticen las visitas de público no estudiantil. Teóricamente sólo los alumnos pueden acceder al mismo. Cuando nuestro colectivo ha tratado de acceder al espacio, se nos indica que todavía siguen buscando fórmulas de cara a abrirlo al público. Por eso nos parece una tomadura de pelo el reciente anuncio plenario que promete solicitar mayores fondos para su puesta en valor y accesibilidad. ¿Por qué el ayuntamiento de La Laguna insiste en prometer la puesta en funcionamiento de este centro, que en realidad recoge información sobre un territorio perteneciente a otro municipio, mientras la totalidad de sus propios yacimientos permanecen en un estado de deterioro y abandono lamentables? ¿ Por qué todas las subvenciones recibidas para actuaciones en el área patrimonial o bien no se han ejecutado o se han centrado exclusivamente en edificios de época colonial, relegando la huella insuloamaziq al desprecio más absoluto? Nos siguen surgiendo muchas preguntas.
El caso de La Punta del Hidalgo y el caserío de Chinamada son otro ejemplo de abandono patrimonial, pese a las buenas intenciones de la oposición. Nuestra crítica emana del doble lenguaje empleado por el gobierno municipal al caracterizar unos yacimientos popularizados a través de la divulgación científica como prioritarios al tiempo que se continúan ignorando otros muchos de igual importancia. Algunos de estos yacimientos “olvidados” se encuentran bajo riesgo inminente de desaparición, como es el caso de aquellos cercanos al centro histórico, en una zona de máximo interés etnográfico y arqueológico, pero que continúan sufriendo actos vandálicos, como ya hemos denunciado en varias ocasiones. Consideramos que todo camino tiene un comienzo y que la puesta en valor de unos valores, debería repercutir favorablemente en el conjunto, pero dada la actitud oficial hacia el legado material indígena en general, creemos que las promesas grandilocuentes y los fetichismos selectivos, eclipsan la verdadera situación que sufre el patrimonio guanche en el conjunto del municipio. Declaraciones de intenciones que se han demostrado como meras promesas electorales sin efecto práctico. Nada nos hace creer que esta vez sea diferente y que el patrimonio no sea utilizado como reclamo turístico, preferenciando unos yacimientos por encima de otros en función de su mayor o menor rédito.
Un ejemplo de la incompetencia institucional la encontramos en el caso reciente que concierne a un espacio indígena de gran importancia cultural y científica en Anaga, que ha ganado fama a raíz de alguna publicación editorial reciente. El hecho de que la lógica y necesaria divulgación científica se popularice y que estos espacios -conservados gracias a su relativa discreción hasta hace poco- comiencen a atraer visitantes curiosos, está provocando que el propio yacimiento se vea alterado, sin que se hayan podido garantizar medidas de preservación y protección efectivas que sirvan como medidas preventivas. La ausencia de información, cartelería, vigilancia y mantenimiento que cualquier espacio que reciba un flujo constante de visitas requiere, ha llevado a que incluso haya quien ha considerado buena idea dejar dentro del propio espacio cultual indígena, una caja con un libro de visitas en su interior, en donde se invita a firmar a los visitantes, dejando testimonio de su visita.
Si bien no dudamos de la buena intención que pudo motivar a quien decidió dejar estos objetos, creemos que sienta un precedente peligroso, del mismo modo que lo es el depositar piezas de alfarería, amuletos, libros e incluso en casos extremos, restos de prácticas religiosas como la santería, que en ocasiones emplean animales sacrificados como parte de sus rituales, tal y como también hemos denunciado con anterioridad. Entendemos que animados por la pretensión de ofrecer información e incluso pautas de actuación que pongan en valor el espacio -junto a la libreta también dejaron un libro de divulgación en el interior de la caja- , quienes pusieron estos objetos en el enclave arqueológico, no contemplaron que el mismo hecho de depositar objetos bajo criterio personal dentro de un yacimiento, constituye en sí una alteración, que como decimos, siembra un antecedente que puede llegar a escalar en una práctica común poco deseable. Según nos han hecho saber colaboradores que han visitado dicho espacio recientemente, la popularización del lugar en fechas recientes ha provocado el aumento de visitantes y se han podido registrar importantes señales de erosión sobre la pátina de piedra superficial que alberga las manifestaciones rupestres, debido al tránsito con calzado sobre el lugar. Desgraciadamente, dar a conocer ciertos lugares antes de que existan medidas que garanticen su conservación, se ha demostrado catastrófico a largo plazo.
Llamamos a una reflexión profunda sobre cuál debe ser nuestra interacción con espacios tan vulnerables y desprotegidos y sobre la necesidad de pasar sin huella y mantener prácticas cautelosas, al menos hasta que exista una mayor concienciación social e institucional. Consideramos que por desgracia, en el contexto actual, la mejor manera de proteger un lugar, es mantenerlo lejos de exposiciones públicas indiscriminadas, que por norma acaban atrayendo a personas con poca o nula educación patrimonial.
Insistimos en la necesidad de atajar el problema de manera realista y en un orden de prioridades lógico que responda a actuaciones eficaces, que a su vez garanticen una protección inmediata que repercuta en la reducción de los atentados que sufre nuestro patrimonio indígena a diario. Que cada administración asuma sus competencias y el mandato que la ley claramente establece, generando mecanismos de coordinación que vayan más allá de echarse la culpa unos a otros, como viene siendo costumbre. Cada responsable político debe conocer las competencias que corresponden a su área, emprender acciones y servirse de otras administraciones para coordinarse y cumplir con sus obligaciones dentro de su mandato establecido. ¿Cómo es posible que muchos concejales de patrimonio y cultura, no tengan ni la más mínima formación, ni el menor interés declarado acerca del legado material indígena? La asunción por parte de los gobiernos municipales de su responsabilidad directa sobre la custodia y salvaguarda del patrimonio guanche, constituye un primer paso a dar en el orden de prioridades. Pero sobre todo hace falta transparencia en lo relativo al empleo y destinación de las subvenciones. Esto claro, si llegasen a ser solicitadas por la totalidad de municipios, cosa que aún no sucede.
La mitad de municipios de Tenerife ni tan siquiera muestran intención por obtener esas partidas que les permitan actualizar sus catálogos. La realización definitiva de los catálogos y la ejecución de planes de actuación no pasa por declaraciones que empiecen por los verbos “promover”, “favorecer”, “impulsar” o “establecer”, que solo anuncian intenciones. Necesitamos acciones urgentes que, basadas en el artículo 17 de la Ley de Patrimonio y Cultura de Canarias de 2019, pongan fin de una vez por todas a décadas -cuando no, siglos- de expolio, abandono, menosprecio y destrucción. La situación es extremadamente alarmante y debemos permanecer vigilantes ante la retórica política esbozada por los representantes en las instituciones cuando se acercan periodos electorales, quienes por norma se olvidan, de que existe una hemeroteca que ofrece la impresión de que el patrimonio guanche vive inmerso en un bucle de desprecio sin fin. Las mismas promesas no cumplidas formuladas una y otra vez, el dinero destinado en subvenciones que no encuentran alcance práctico y mientras tanto, seguimos perdiendo aquello más valioso que posee el pueblo canario: La huella material que da testimonio de nuestro origen, historia e identidad.
Colectivo Imastanen.
Defendiendo el legado superviviente