Muchas de las personas que por diversos motivos se mueven en torno al mundo de las cárceles actuales, han expresado frases como ésta: “en las cárceles españolas hay sobre todo personas pobres y enfermas”.
Y les asiste toda la razón. No solamente porque como dicen los datos, que más del ochenta por ciento de las personas privadas de libertad provengan de contextos de pobreza o desestructuración, sino porque se les ha criminalizado su pobreza o se ha obviado en ellas, en muchos casos, su enfermedad mental, crónica o proveniente de largos procesos de hábitos de consumo.
Miradas así las cárceles, no podemos hablar de otra causa a esta realidad, que el caos social del mundo en el que vivimos y especialmente el español. Un mundo dividido por el enriquecimiento desmedido y por el empobrecimiento vergonzoso. Dos situaciones que caminan en paralelo, que se sostienen como inevitables, que se padecen con indignación y se sitúan en la mayor profundidad de la injusticia social.
Llegados aquí, probablemente hay que decir que solamente hay un camino para afrontar estas situaciones; el del pacto social que incluya la participación de todos y de todas; la de los enriquecidos y la de los empobrecidos; la de los que sufren la represión y la de los que utilizan las medidas represivas para sostenerse en el pedestal del poder.
La cárcel, su injusta realidad y existencia pone en cuestión aparentes verdades en las que se asienta. Esta no es igual para todas las personas. Los delitos no son perseguidos y sancionados de igual manera. No es el sistema más justo y civilizado para solucionar los conflictos. La cárcel no siempre ha existido y deberá continuar existiendo. La cárcel no puede continuar justificando que si la mayoría de las personas que hay en ellas son pobres, eso significa que los pobres son los delincuentes. Cuántos mitos de este talante se utilizan hoy y se han utilizado sin tener en cuenta que, por ejemplo, los grandes delitos contra la humanidad no han sido los pobres quienes los han cometido y continuamos, sin embargo, impotentes e impasibles, en muchos casos, ante ellos.
Todo cuanto rodea la cárcel es muy oscuro; es como un espacio cerrado en el que la violencia se hace demasiado presente. ¿Cómo hemos podido vivir en un año con extraña insensibilidad e ignorancia tanta muerte y dolor como el que ha ocurrido en cárceles como la de Topas? Suicidios, agresiones mortales, han pasado extraordinariamente desapercibidas para una sociedad como la nuestra que pide represión y cárcel sin sentido para quien se nos antoja que debe dejar de ser delincuente.
Las personas empobrecidas y enfermas forman parte del segundo gran colectivo de las cárceles del estado español. Esta situación que avanza sin que nadie la frene, es signo evidente de la criminalización y represión del empobrecimiento. Para los que tendría que haber un trato especial respetando su derecho a la salud, no hay más que abandono y reclusión, agresividad y violencia. No cabe otro camino que la denuncia insistente a la sociedad y a los propios mecanismos del estado.
El castigo se toma como la norma suprema y no es necesario analizar porqué. El castigo por el castigo en todo el proceso aparece como la única medida para ofrecer justicia al que se juzga como culpable. La cárcel está legitimada socialmente para ser instrumento de sufrimiento. Ya no se puede sostener en este tiempo que las cárceles continúen siendo instituciones diseñadas para sostener enfermedades que se agravan, o que se producen o reproducen. Y casi siempre en los más pobres. ¡Qué casualidad!.
Las cárceles responden, en gran medida, a las exigencias que hacemos la sociedad para pedir medidas drásticas en seguridad ciudadana; nos indignamos ante el caos social y aparecen con demagogia, en muchos casos extrema, medidas que no van a la raíz de los problemas y que, por lo tanto, producen inutilidad y responden más a la necesidad de control por parte del modelo de sociedad que nos envuelve, que a la voluntad real de solucionar los conflictos. Y en esta situación siempre pierden los empobrecidos.
¿No será que la cárcel responde a ser una estructura política para legitimar, organizar y controlar, como algunos han planteado muy convencidos, la vida social? ¿Dónde quedan las personas a quienes todo Estado se debe sobre todo?