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El silencio de los culpables.

Es una historia más, programada y consentida, de las que suceden en  tantos barrios del estado español. Es la consecuencia de haber utilizado y de continuar utilizando, sin escrúpulo, un espacio físico y social de convivencia y relaciones urbano para un negocio asesino. Es una realidad evidente más de cómo se admite por consenso que un espacio físico sirva para conexionar un negocio programado. Es una realidad más de cómo un colectivo de personas es utilizado para el lucro, para la destrucción programada y para la criminalización más despiadada. Es una herramienta más que el propio capitalismo y quienes se someten a él de manera servil y vergonzosa, van permitiendo aún a sabiendas del sufrimiento de su población más implicada.

Así vivimos la población salmantina desde hace más de treinta años la sospecha y la realidad de cuanto se intenta esconder, obviar o silenciar en el barrio de Buenos Aires.

Lo intenta esconder y silenciar el propio Ayuntamiento y su Gobierno Municipal; éste y cuantos han pasado a lo largo de casi treinta y cinco años; la Subdelegación de Gobierno con cualquiera de las policías de hoy y de  hace este puñado de años; o la Junta de Castilla y León, propietaria de las viviendas sociales, que se ha escondido siempre detrás de la dejación de responsabilidades en el seguimiento, control  y cuidado de estos bloques de viviendas permitiendo irregularidades inadmisibles aún a sabiendas de su ilegalidad. Nos cuesta creer que no haya habido intencionalidad. Se “lavan las manos” jueces y abogados en nombre de la ley, o se lucran sin ningún remordimiento mafias, empresas o empresarios que blanquean y sostienen este negocio criminal.

Y, mientras, los vecinos y vecinas, los hombres y mujeres de buena voluntad, que muchos de ellos pusieron toda su ilusión, esperanza y recursos económicos en el disfrute justo de estas viviendas, se les condena a sufrir esta injusta situación, hasta el extremo, en muchos casos, de tener que abandonar su casa porque la vida les resulta imposible de vivir y disfrutar.

Es un barrio pequeño, apenas 350 viviendas, con un máximo de población de mil quinientas personas. Hoy, no llegamos al millar de habitantes. ¡Y no podemos convivir! ¡Y no podemos tener la mejor de las relaciones! Ninguna en muchos casos. Se hacen imposibles.

La denuncia ha sido permanente por parte de una realidad amplia de vecinos y vecinas a través de los colectivos sociales del propio barrio. Hemos intentado dar visibilidad al problema que cada día iba teniendo más visos de permisividad y de toma de decisiones   imposibles por falta de voluntad. Las propuestas las hemos exigido con más o menos voz, pero con una claridad meridiana, y en la mayoría de las veces el miedo y la indecisión han sido los signos con los que mejor han expresado su silencio los más culpables.

A los propios vecinos y vecinas que han dado la cara con mayor valentía y responsabilidad se les ha criminalizado, se les ha abandonado y dejado tirados; incluso sufriendo las consecuencias de hechos de connivencia evidente de los poderes implicados con quienes se prestan al negocio del narcotráfico, así como las consecuencias peligrosas y más inadmisibles para algunos de estos vecinos y vecinas que han tenido que optar por cuidar, ante todo, sus vidas.

¡Siempre se han dado largas a la situación! ¡Siempre ha habido mucho miedo aparente a tomar decisiones! Siempre parecía que era la última y definitiva; pero siempre ha resultado lo mismo, ni decisiones de erradicación del problema de las drogas, ni claridad para tomar medidas frente al empobrecimiento generado o la criminalización señalada,  ni medidas para recuperar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de este y otros barrios a ser protagonistas de sus vidas y disfrutar con ello.

Hasta ha habido algún alcalde de triste y vergonzoso e indignante recuerdo que nos invitaba a callar y no dar visibilidad, pues quería convencernos de que éramos nosotros mismos quienes agravábamos el problema con la actitud decidida de continuar dando visibilidad.

Y en medio de más de veinticinco años de lucha, de denuncia y de propuesta, mucho dolor y mucha aparente inutilidad. Víctimas casi todos y todas con seis generaciones de familias dedicadas al negocio del narcotráfico; con la triste realidad de un gueto surgido y cada vez más aumentado y mayoritario que como todo gueto no genera ninguna esperanza y sí mucha impotencia; un buen puñado de familias, que rotas sus ilusiones de haber encontrado un trozo de espacio para protagonizar sus vidas, deciden abandonar su normalización y tiran la toalla, abandonan su vivienda y deciden marchar hacia otro lugar; personas, que como más visibles, somos señaladas de manera reiterada hasta extremos inadmisibles e intolerables con amenazas y acoso siempre intolerable en una sociedad para la vida y el hacer comunitario.

Y, en este momento, cuando parece que se toman decisiones, tardías por supuesto, por parte Institucional, y como consecuencia de las peticiones y propuestas vecinales, esperamos que no se hagan realidad nuestras sospechas de que se quieran cargar sobre los hombros de estos vecinos y vecinas, muy hartos por cierto,  las difíciles decisiones que hace muchos años debieran haber tomado responsablemente y de manera conjunta todas las instituciones, únicas responsables de cuanto en estos momentos es una amenaza muy dolorosa.

Los vecinos y vecinas de buena voluntad hemos visibilizado un problema consecuencia de la responsabilidad que asumimos, pero las decisiones y medidas a tomar son únicamente responsabilidad de las instituciones que han ido prolongando con silencio y huída hacia adelante y quién sabe si en algunos momentos connivencia,  las decisiones que les corresponden.

¿Quién ha luchado más y con mayor decisión que los propios vecinos y vecinas? ¡Nadie! Hemos permanecido; continuamos en la tarea, nos gustaría seguir ensayando y luchando por alternativas comunitarias en las que creemos para el cuidado de las personas en barrios, pero, de otras maneras; alternativas comunitarias basadas en el cuidado innegociable de las personas y de todas las personas, en la defensa de los derechos básicos de todas las personas y para todas las personas; pero, todo ello requiere, primero, voluntad firme de otras decisiones que no están en nuestras manos. ¿Las tomarán de una vez por todas y de la manera más adecuada? Somos conscientes de que es necesario posibilitar otras condiciones de barrio.

No aguantamos más su silencio culpable. Estamos esperando que pongan en juego su responsabilidad con el lenguaje valiente de los hechos.

CÁRCEL: Represión y empobrecimiento

Muchas de las personas que por diversos motivos se mueven en torno al mundo de las cárceles actuales, han expresado frases como ésta: “en las cárceles españolas hay sobre todo personas pobres y enfermas”.

Y les asiste toda la razón. No solamente porque como dicen los datos, que más del ochenta por ciento de las personas privadas de libertad provengan de contextos de pobreza o desestructuración, sino porque se les ha criminalizado su pobreza o se ha obviado en ellas, en muchos casos,  su enfermedad mental, crónica o proveniente de largos procesos de hábitos de consumo.

 Miradas así las cárceles, no podemos hablar de otra causa a esta realidad,  que el caos social del mundo en el que vivimos y especialmente el español. Un mundo dividido por el enriquecimiento desmedido y por el empobrecimiento vergonzoso. Dos situaciones que caminan en paralelo, que se sostienen como inevitables, que se padecen con indignación y se sitúan en la mayor profundidad de la injusticia social.

 Llegados aquí, probablemente hay que decir que solamente hay un camino para afrontar estas situaciones; el del pacto social que incluya la participación de todos y de todas; la de los enriquecidos y la de los empobrecidos; la de los que sufren la represión y la de los que utilizan las medidas represivas para sostenerse en el pedestal del poder.

 La cárcel, su injusta realidad y existencia pone en cuestión aparentes verdades en las que se asienta. Esta no es igual para todas las personas. Los  delitos no son perseguidos y sancionados de igual manera. No es el sistema más justo y civilizado para solucionar los conflictos. La cárcel no siempre ha existido y deberá continuar existiendo. La cárcel no puede continuar justificando que si la mayoría de las personas que hay en ellas son pobres, eso significa que los pobres son los delincuentes. Cuántos mitos de este talante se utilizan hoy y se han utilizado sin tener en cuenta que, por ejemplo, los grandes delitos contra la humanidad no han sido los pobres quienes los han cometido y continuamos, sin embargo, impotentes e impasibles, en muchos casos, ante ellos.

 Todo cuanto rodea la cárcel es muy oscuro; es como un espacio cerrado en el que la violencia se hace demasiado presente. ¿Cómo hemos podido vivir en un año con extraña insensibilidad e ignorancia tanta muerte y dolor como el que ha ocurrido en cárceles como la de Topas? Suicidios, agresiones mortales, han pasado extraordinariamente desapercibidas para una sociedad como la nuestra que pide represión y cárcel sin sentido para quien se nos antoja que debe dejar de ser delincuente.

Las personas empobrecidas y enfermas forman parte del segundo gran colectivo de las cárceles del estado español. Esta situación que avanza sin que nadie la frene, es signo evidente de la criminalización y represión del empobrecimiento. Para los que tendría que haber un trato especial respetando su derecho a la salud, no hay más que abandono y reclusión, agresividad y violencia. No cabe otro camino que la denuncia insistente a la sociedad y a los propios mecanismos del estado.

 El castigo se toma como la norma suprema y no es necesario analizar porqué. El castigo por el castigo en todo el proceso aparece como la única medida para ofrecer justicia al que se juzga como culpable. La cárcel está legitimada socialmente para ser instrumento de sufrimiento. Ya no se puede sostener en este tiempo que las cárceles continúen siendo instituciones diseñadas para sostener enfermedades que se agravan, o que se producen o reproducen. Y casi siempre en los más pobres. ¡Qué casualidad!.

 Las cárceles responden, en gran medida, a las exigencias que hacemos la sociedad  para pedir medidas drásticas en seguridad ciudadana; nos indignamos ante el caos social y aparecen con demagogia, en muchos casos extrema, medidas que no van a la raíz de los problemas y que, por lo tanto, producen inutilidad y responden más a la necesidad de control por parte del modelo de sociedad que nos envuelve, que a la voluntad real de solucionar los conflictos. Y en esta situación siempre pierden los empobrecidos.

¿No será que la cárcel responde a ser una estructura política para legitimar, organizar y controlar, como algunos han planteado muy convencidos, la vida social? ¿Dónde quedan las personas a quienes todo Estado se debe sobre todo?