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No nos dejan ni la rabia.

Paco López tiene 56 años y lleva 9 en el paro, es un activista que colabora con la PAH de Vallekas y otras causas. Objetor de conciencia y pacifista, su paciencia se terminó en agosto de 2015 en respuesta a un tweet de @cristinatavio que presumía de que su partido, el PP, había creado 568.000 empleos. En su momento diversos medios se hicieron eco de ese tweet por la polémica surgida con la respuesta a un tweetero que denunciaba que con un salario de 340€ por un contrato de media jornada no se podía vivir, a lo que la diputada contestó que ‘por algo se empezaba’.

@YerayOrtez y las Juventudes Socialistas no fueron los únicos que encontraron ofensivas y alejadas de la realidad las palabras de la polémica diputada, Paco contestó con rabia y frustración, por la situación que padecen millones de personas que malviven en el estado español, por todas las injusticias que ve y denuncia a diario, por el cinismo e hipocresía de nuestros representantes políticos. Lo que no sabía Paco era que su indignación iba a desencadenar la denuncia de Cristina Tavío Ascanio por amenazas, injurias y coacciones. No fue suficiente la disculpa pública, la causa ha seguido su curso en el Juzgado de lo Penal nº2 de Santa Cruz de Tenerife y tanto el fiscal como la defensa de la diputada solicitan un año y seis meses de cárcel para él.

@cristinatavio representa perfectamente la oligarquía de Canarias, la de las viejas familias que unen sus raíces a las de la colonización de las islas y las nuevas oligarquías surgidas del negocio turístico y de la construcción. Su pertenencia al PP ejemplifica también las conexiones entre los partidos políticos y el poder económico y como nos representan personas en las instituciones que habitan en un mundo ajeno a la realidad de cientos de miles de canarias y canarios que malviven en la precariedad, sin ninguna dignidad, con el miedo de no poder alimentar a la familia, a perder el empleo o a quedarse en la calle.

Las redes sociales se han convertido en un escaparate para los políticos, en un espacio desde el que construir su postverdad. Los muros virtuales también son el escenario de una batalla política en la que el poder juega con ventaja. Las denuncias por amenazas, injurias, contra la corona, de odio… se han multiplicado, está en disputa la libertad de expresión, pero también se está utilizando para criminalizar la disidencia, a quien se sale de la norma.

El próximo martes, 11 de septiembre, a las 13h, en la Sala 4 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife se celebrará el juicio contra Paco López, él declarará por vía telemática desde Madrid. Está claro que la dignidad de algunas personas está por encima, que su miedo y la ofensa sufrida pueden costar la cárcel del indignado, mientras las demás debemos aguantar estoicamente que vayan acabando con nosotras lentamente y, encima, tengamos que creernos que gobiernan para todas y que sus leyes son justas.

Joan Blasco

Enlace al blog de Paco López y su disculpa a @cristinatavio: http://pacolopezlibre.blogspot.com/2016/

Náufraga

¿Adónde va la isla errante, despojada de sonrisas, sola con su memoria de cristal? Camina por veredas tortuosas, mirando atrás, en busca de puertos donde arribar, donde encontrar abrigos. Anda sin más, sin compañías, sin alforjas donde meter sus lágrimas por los amores perdidos. Anda sin sombra que la persiga, vacía y muda. Isla náufraga que se aferra a sus ojos de niña, a sus sueños de antes, deambulando por océanos transparentes, sin misterios, sin alquimias que transformen sus angustias. Isla sola. Isla en soledad. Isla que se aleja para encontrarse con sus muertos.

Así vagamundea. Como nómada por la inabarcable estepa. Explorando la pena amarga del desarraigo, rastreando la magua del otoño, el tiempo de las caídas, de la modorra inquebrantable. Va y viene hacia su futuro incierto, zarandeada por un alisio joven, juguetón, inexperto. No es de mucha ayuda pero asegura barricadas de recuerdos contra el siroco que calcina el presente y la lanza, hinchando sus velas de seda, hacia ensenadas de aguas quietas. Allí limpia sus viejos fusiles cargados de metáforas y los alinea sobre cubierta para que la luna de sangre los alimente. Con ellos volverá a disparar, cuando la agonía se disuelva en la lava de los volcanes apasionados. En la bahía del silencio se van congregando los aprendizajes y por los angostos barrancos fluye un blues antiguo, que emerge de las entrañas de la isla cómplice. La isla canela, la isla bruja, la isla hechicera, la tentadora isla. Y ahora es que las manos muertas resucitan y empieza, de nuevo, la danza. Acariciando el aire, coqueteando con la noche seductora, despojándose de vestimentas invernales, columpiándose al compás, reventando las costuras de la siniestra resignación, desbordando las reglas preestablecidas, burlándose de los dioses y de la desmemoria, la isla naufragada acumula corajes, se despoja de lastres, de camisas de fuerza, entierra los ropajes del decoro y levanta amarras. Todo el mar por delante. Tiempos de volver a casa.

Náufraga

 

LOS LIENZOS DE LA CONQUISTA EN EL PARLAMENTO CANARIO: UNA MIRADA FEMINISTA DECOLONIAL CANARIA

Extraída de la web del Parlamento de Canarias www.parcan.es/

Manuel González Méndez es el autor de las dos pinturas que tantos debates y críticas han generado desde hace años por presidir la cámara de plenos del Parlamento de Canarias, al ser considerados dos retratos de “la humillación y la barbarie” sufrida por el pueblo canario a mano de los castellanos durante el proceso de conquista.

Para la elaboración de los cuadros, González Méndez no sólo se documentó extensamente sobre los usos, costumbres y vestimentas del momento, sino que además, “por tratarse de una obra para una institución interinsular en uno de los momentos más delicados del Pleito Insular” dedicó un cuadro a Tenerife y otro a Gran Canaria tal y como recoge la página web del Parlamento Canario. El pasaje de la conquista de Tenerife, que corresponde al cuadro situado a la derecha de la mesa presidencial, lleva por título La fundación de Santa Cruz de Tenerife. En este se ve a soldados castellanos que sostienen una cruz sobre frailes, conquista y cristianización. El dedicado a Gran Canaria correspondería al situado a la izquierda, La entrega de la princesa. Este último, escogido para el cartel de la tertulia y sobre el que más nos detendremos. En él se representa a la hija de la guayarmina Atendiura de Gáldar, que murió tras el parto de la niña a la que llamaron Arminda Masequera, (que luego será bautizada con el nombre de Catalina Guanarteme), cuando es entregada al conquistador Juan De vera. Va acompañada delante por otra niña, que tampoco aparenta tener mucho más de 10* años y que con auténtica cara de terror contempla a los castellanos que van a llevarse a su compañera.

 

 

 

 

 

 

 

Se crearon bajo encargo a su autor en 1906, para ser situadas en esta sala donde aún continúan, cuando el edificio, situado en Santa Cruz de Tenerife, pasó a ser sede de la Diputación Provincial. Y no fue sino a partir de 1982 cuando comenzó a acoger a diputados y diputadas. Como ejemplo de las transformaciones de uso, no así de decoración, que ha sufrido el espacio de esta institución, tenemos el hecho de que sus paredes acogieran al consejo de guerra que en

Extraída del libro de Ricardo García Luis “Proceso a la C.N.T. 19 Fusilados el 23 de enero de1937”

1937 dictó 21 condenas a muerte por las que fueron fusilados el 23 de enero de ese mismo año, los conocidos como “Los 19”, porque dos penas fueron conmutadas por ser “mujeres”, cuando el edificio aún era sede de la Mancomunidad Provincial. La condena se debió a un supuesto “delito de traición”, por la participación en la reunión

organizada por la CNT en Cueva Roja, en Santa Cruz, para procurar conjurar el golpe fascista nada más producirse. María Luisa Hernández Remón, “La Ciclón” y Carmen Goya Hernández, ambas del Sindicato del Tabaco, fueron las “perdonadas” de la pena de muerte, no así del encarcelamiento. Y no sin antes haberlas sometido a crueles torturas, incluyendo violencia sexual durante los interrogatorios que con toda certeza continuaría durante su encarcelamiento. Los dos cuadros fueron entonces, como lo siguen siendo a día de hoy, testigos mudos y perpetuadores de un sistema social y unas instituciones coloniales y heteropatriarcales.

 

Volviendo a la historia controvertida de los cuadros, ya Lorenzo Olarte desde los tiempos en que ostentaba el cargo de jefe del Ejecutivo, (1988 a 1991), viene expresando su rechazo a las pinturas con afirmaciones como esta: “Esos cuadros son un reflejo del exterminio de los guanches y de su humillación ante los castellanos” y en cuanto al cuadro sobre el que hemos puesto nuestro ojo feminista decolonial declaró: “La entrega de la doncella al conquistador de las manos temblorosas de un anciano cubierto de piel de cabra se hizo para que fuera violada”. Y tras un largo periodo sin demasiados aspavientos sobre el contenido, la colocación o el futuro de estos lienzos, en 2016 el diputado Mario Cabrera, de Coalición Canaria propone a la Mesa del Parlamento su traslado a otro lugar más apropiado. Ante el rechazo y la disconformidad de algunas formaciones políticas, la mesa parlamentaria encarga un informe a la Real Academia Canaria de las Bellas Artes San Miguel Arcángel, que dictaminó que los cuadros son el ejemplo “más señero” de la pintura romántica tardía y que no se pueden trasladar porque su valor es indisociable a la del edificio, declarado bien de interés cultural (BIC). En definitiva, vienen a determinar que estos cuadros perderían su valor si se expusieran en un museo, aunque también existan voces dentro del gremio de Bellas Artes que cuestionan el valor verdaderamente artístico de estos cuadros. Algunas mantienen que pueden ser considerados como pura propaganda política y panfletaria hecha por encargo con el objetivo de  construir  un imaginario  muy concreto sobre sobre nuestra historia pasada (conquista y entrega pacifica, sumisión…). El que se mantengan en el Parlamento Canario es una clara muestra simbólica y no simbólica de a qué intereses y poderes sigue representando la reciclada estructura colonial de esta institución.

Sobre el cuadro de la entrega “pactada” de la niña a los conquistadores, el informe concreta que refleja un hecho histórico irremplazable y sin ningún tipo de reparo afirma que la entrega de la joven no es un agravio ni es representativo de exterminio o violencia, sino que viene a poner de manifiesto la importancia de la mujer para el pueblo precolonial. Recoge que es “la depositaria de una herencia que asegura su continuidad como pueblo”. Y es cierto, efectivamente es un hecho histórico la violencia sexual que se repite y es una constante en los procesos de conquista y de guerra. Se produce el sometimiento y las agresiones  a los cuerpos de las niñas y las mujeres como parte del proceso indisoluble de la conquista de la tierra y la comunidad. Esta subyugación por medio del cuerpo-territorio de las mujeres, se produce de muchas y múltiples maneras, con raptos, torturas, violaciones, esclavitud laboral y/o sexual, cuerpos de mujeres convertidos en trofeos de conquista, en botín de guerra como cualquier otro objeto o trozo de tierra. Abocadas a la servidumbre y al doncellismo exótico en las cortes, o sirviendo, al igual que en el caso de Arminda, como moneda de cambio continuadora de la estirpe y el poder de algunas familias de la alta nobleza indígena, a través de estos matrimonios de conveniencia, aunque fuera violentando el cuerpo de una niña de muy corta edad, con los recién llegados opresores en un acto que hoy tildaríamos de pederastia.

Tanto es así, que en la actualidad la página web del parlamento de Canarias, en el apartado de obras pictóricas y esculturales dedicado a  las pinturas que aquí analizamos, se recoge lo siguiente sobre el cuadro de la princesa: “Inspirándose posiblemente en la Crónica de Sedeño narra la entrega al conquistador Juan de Vera de la joven princesa Arminda Masequera, […] custodia de la herencia dinástica de la isla, como último acto de rendición, y como primer paso en la fusión castellana y aborigen”. Efectivamente, estando bajo un sistema social donde la herencia dinástica se otorgaba matrilinealmente, eran las mujeres las encargadas no solo de conservar el linaje sino toda la herencia y el patrimonio familiar, social y cultural del pueblo al que pertenecían. Pero con este tipo de casamientos, que unían la sangre y la raíz del pueblo oprimido a la del pueblo opresor, no se daba una conservación del linaje canario, ni era símbolo, como defienden algunas del hermanamiento de las dos culturas, sino del doblegamiento de una cultura frente a la otra, en un acto de rendición en el que vuelve a quedar patente la relación colonial de género y la analogía entre la conquista y control del cuerpo de la mujer y la del territorio junto a los valores de su comunidad. Se asentaban así, las nuevas estructuras de poder entre locales nobles y conquistadores cambiando cuerpos de mujeres por tierras, estatus y poder en la nueva sociedad heteropatriarcal impuesta. Estas alianzas formaban parte de la estrategia colonial para ejercer el control social ante posibles sublevaciones del pueblo canario y se comenzaba a desarrollar de la mano del expolio y la conquista militar, política, social y cultural, una suerte de conquista genética, imprescindible para la desmemoria y el sometimiento a largo plazo de las gentes del territorio a través del cuerpo-territorio de las mujeres.

Cuando salen a la palestra mediática a principios de 2017 los contenidos del informe sobre la propuesta del cambio de lugar de los cuadros, realizado por la R.A.C.B.A.,( la misma que en otro informe  recomendaba en estos días pasados no retirar el monumento a Franco en Santa Cruz  por su “indiscutible” valor artístico)  Coalición Canaria agacha la cabeza ante el informe y se decanta por tratar de plantear en el parlamento que simplemente se cubran los cuadros como hiciera el Parlamento Andaluz con un retablo cristiano. Un portavoz del PSOE también participe de la mesa del parlamento canario llama ignorantes a las que sacamos interpretaciones fuera de lugar sobre lo que los cuadros representan, ignorando del todo la historia colonial sobre la que se construye este pueblo.  Cristina Tavío, del PP, declara que es un disparate hacer esas interpretaciones desde la ideología, como si las suyas no la tuvieran. Como si las personas que realizan el informe estuvieran libres de toda construcción social, cultural y moral sobre la que se sostiene el sistema y sus estructuras.

Frente a este debate quedamos nosotras. Mujeres con cuerpos-territorio con una memoria ancestral que han sido expropiados desde que nacemos y que están atravesados por todas las opresiones (colonialismo, capitalismo, racismo…), tanto por las huellas de la historia pasada cuya violencia reflejan estos cuadros, como en el presente, por la actual situación política y las estructuras que organizan el tejido social en nuestra islas. Mujeres feministas, desde un feminismo construido en gran medida por un pensamiento teórico eurocéntrico e institucional-academicista, que vuelve a ejercer relaciones de pensamiento hegemónico y colonizador sobre nosotras. La suma de ambos aspectos definitorios, como dice la feminista comunitaria guatemalteca Lorena Cabral, pueden ser una invitación para repensarnos la vida, sentir desde otro lugar indignaciones y revelar y analizar opresiones históricas y estructurales en las formas de vida indígenas de nuestras antepasadas, así como en las impuestas por quienes nos conquistaron y que siguen marcando nuestra identidad como sujetas históricas.

Como feministas decoloniales, debemos enfrentarnos al dilema de qué elementos vamos o no vamos a acoger y fortalecer de una identidad construida y asignada como mujeres “guanche-canarias”. Con la herencia de comunidades organizadas con desigualdad política y social  y  con complejas y diversas estructuras que atendían a las especificidades de cada isla. Costumbres que poco tenían que ver con los prejuicios morales judeo-cristianos de los conquistadores, como que las mujeres practicaran la poliandria casándose con varios maridos que servían por mes, o que los “matrimonios” se disolvieran con la misma facilidad con la que se habían realizado, tanto a petición del hombre como de la mujer.

Así debemos preguntarnos si nosotras, desde esta andadura feminista decolonial y anticapitalista, nos tenemos que posicionar en contra de que estos dos cuadros con terribles pero realistas escenas de la conquista de nuestro pueblo y la violencia hacia nuestros cuerpos-territorio, sigan presidiendo el salón de plenos del Parlamento de Canarias. O si por el contrario, es precisamente ese salón de plenos el lugar que les corresponde si consideramos que es el espacio de una institución que sigue manteniendo la herencia social y cultural de los colonizadores y sus fieles lacayos locales, que más de cinco siglos después nos siguen impidiendo ser dueñas de nuestro destino como colectivo ligado a un territorio común.

Quizás sea el momento de comenzar a repensar en el aquí y el ahora, cual es la identidad sobre la que queremos reconstruir el camino de quienes somos como pueblo canario, como mujeres canarias. Sobre que veredas queremos empezar a andar para construir nuestro futuro. Si exigiendo a instituciones y estructuras coloniales, capitalistas, jerárquicas y patriarcales que se den un lavado de cara  aunque sigan con las mismas políticas y no nos sintamos representadas por ellas. O por el contrario denunciando a esa instituciones. Dejando claro lo que son, a que intereses representan y que simbología las acompaña como fiel reflejo de su naturaleza, a la par que iniciamos experiencias y procesos autónomos, autoorganizados y autogestionados desde abajo, desde lo personal y lo cotidiano, entretejiendo nuestras propias estructuras y relaciones sociales, económicas y culturales.

Porque es nuestra responsabilidad sembrar el germen para recuperar nuestra memoria y construir nuestra propia identidad, no desde la memoria impuesta, sino desde las violencias sufridas y los saberes de nuestras ancestras, desde el respeto a la tierra y a todas las personas, desde la igualdad que atiende a la diversidad, desde la horizontalidad y la justicia social. Asentando las bases para el territorio libre de colonización, capitalismo y heteropatriarcado con el que soñamos como futuro para nuestros cuerpos, nuestra comunidad, nuestro pueblo.

Jess Guanila (Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza).

* Cuando se produce la entrega se estima que Arminda tiene una edad de entre 10 y 15 años: los diez que le otorgan las crónicas y los quince que le corresponderían por su propia declaración cuando señala en 1528 (en la información de nobleza de su hija e hijos) que tenía por entonces unos 60 años.

¿Inocente o culpable?

La izquierda cerró filas en torno a Lula, asegurando su inocencia.

La izquierda cerró filas en torno a Lula, asegurando su inocencia, con el argumento de la falta de pruebas, ya que el juez Sérgio Moro lo procesó por declaraciones de un ejecutivo de la constructora OAS, que al delatarlo se aseguró un trato privilegiado (delación premiada es la figura) por parte de la justicia.

Si los argumentos de Moro, y detrás suyo de la derecha brasileña, suenan cuestionables, los de quienes lo defienden tienen también sus puntos débiles. En efecto, entre Lula y las grandes constructoras brasileñas hubo relaciones carnales, con cruce de favores que pueden no ser ilegales, pero son cuestionables.

Durante años el ex presidente se dedicó a ofrecer su prestigio y el de su gobierno para lubricar negocios de las multinacionales brasileñas. En los dos primeros años después de dejar la presidencia (en enero de 2011) la mitad de los viajes realizados por Lula fueron pagados por las constructoras, todos en América Latina y África, donde esas empresas concentran sus mayores intereses. Durante este tiempo Lula visitó 30 países, de los cuales 20 están en África y América Latina. Las constructoras pagaron 13 de esos viajes, la casi totalidad por Odebrecht, OAS y Camargo Correa (Folha de São Paulo, 22-III-13).

Un telegrama enviado por la embajada de Brasil en Mozambique, luego de una de las visitas de Lula, destaca el papel del ex presidente como verdadero embajador de las multinacionales. “Al asociar su prestigio a las empresas que operan aquí, el ex presidente Lula desarrolló, a los ojos de los mozambiqueños, su compromiso con los resultados de la actividad empresarial brasileña”, escribió la embajadora Lígia Scherer.

En agosto de 2011, Lula comenzó una gira latinoamericana por Bolivia, donde llegó con su comitiva en un avión privado de Oas, la empresa que pretendía construir una carretera para atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que provocó masivas movilizaciones de las comunidades indígenas, apoyadas por la población urbana. De allí siguió viaje en el mismo avión a Costa Rica, donde la empresa disputaba una licitación para construir una carretera que finalmente se le adjudicó por 500 millones de dólares.

Se trata de empresas muy poderosas, que cuentan con cientos de miles de empleados y negocios en decenas de países. La casi totalidad de las obras de infraestructura contempladas en el proyecto Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), en total más de quinientas obras por 100.000 millones de dólares, fueron o están siendo construidas por las constructoras brasileñas. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es el principal financiador de estas obras, pero lo hace a condición de que el país que recibe el préstamo contrate empresas brasileñas.

El papel de Lula es el de promover “sus” empresas, contribuyendo a allanar dificultades gracias a su enorme prestigio y a la caja millonaria del BNDES, que llegó a ser uno de los bancos de fomento más importantes del mundo, con más fondos para invertir en la región que la suma del FMI y el Banco Mundial.

Algunas de esas obras generaron conflictos graves, como el que llevó al gobierno de Rafael Correa a expulsar a Odebrecht de Ecuador por graves fallas en la represa sobre el río Sao Francisco, aun antes de ser inaugurada.

El poder de las grandes empresas brasileñas se hace sentir de modo particular en los pequeños países de la región. En Bolivia, Petrobras controla la mitad de los hidrocarburos, es responsable del 20 por ciento del PBI boliviano y del 24 por ciento de las recaudaciones tributarias del Estado.

Como embajador de las multinacionales brasileñas, Lula no comete ningún delito. Sin embargo, esas mismas empresas financian las campañas electorales del Partido de los Trabajadores, aunque también financian a la mayor parte de los partidos. No son donaciones, sino inversiones: por cada dólar o real que ponen en la campaña, reciben siete en obras aprobadas por los mismos cargos municipales, estatales o federales que ayudaron a ascender [1].

El asunto de la corrupción tiene una faceta legal y otra ética. Se puede no cometer ningún delito, pero ser corrupto. Por lo menos desde la ética que profesó siempre la izquierda en todo el mundo. Cuando los cargos de los partidos tradicionales importaban coches libres de impuestos, en el Uruguay de las vacas gordas, se atenían estrictamente a las leyes que ellos mismos habían aprobado. La izquierda, hagamos memoria, mentaba corrupción aunque no existiera delito.

En el caso de Lula, y más allá del juez Moro, la izquierda debe hacerse preguntas. ¿Es legítimo mantener relaciones carnales con empresas multinacionales que han dado sobradas muestras de sobreexplotar a sus trabajadores? ¿Podía Lula ignorar la corrupción que saltó en su primer gobierno consistente en comprar decenas de diputados, y que recibió el nombre de mensalão? ¿Podía ignorar los tremendos casos de corrupción de la estatal Petrobras y de las constructoras?

La legitimidad no tiene nada que ver con la justicia. Nadie va preso por cometer actos reñidos con la ética de la izquierda, que siempre proclamó rigurosidad en ese sentido. Mirar para otro lado porque no nos conviene o porque son los “nuestros”, es de un pragmatismo suicida. La gente común termina por percibir las mentiras. Luego da un paso al costado, probablemente para siempre.

[1] Zibechi, R., Brasil Potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo. Editorial Quimantú (2012)

¿Tienes derecho a un abogado? Asistencia jurídica en el CIE: otro capítulo del cuento del obscurantismo.

Hay que ver cuánto daño han hecho las películas y series que consumimos desde edad temprana: en el imaginario común, entre otros muchos ideales, campa a sus anchas el estereotipo de abogado/a con una buena posición, que trabaja en un despacho que rezumba éxito, con un buen maletín como complemento de una impecable profesionalidad. Flaco favor nos hace pensar que de puertas para dentro de los Juzgados la máxima autoridad judicial lleva peluca blanca de rizos y un mazo que acompaña el ‘orden en la sala’, además de tener la firme convicción de que los y las profesionales de la abogacía siempre encontramos una solución in extremis -tipo Bear Grylls en el Último Superviviente- que pueda salvar el caso en contra del Estado de Oklahoma.

No obstante, si bien habría mucho para polemizar sobre ello, hay otros tópicos que a bien nos pueden servir para saber cómo actuar en un momento determinado.

‘Tienes derecho a un abogado’

    A todos y todas nos suena esta frase. Suele ir acompañada de un ‘tienes derecho a permanecer en silencio’ y ‘todo lo que digas será utilizado en tu contra’. Te adelanto que todo ello es muy cierto, al menos en la teoría, aún salvando las enormes distancias que hay entre el sistema continental y el Common Law.

La Constitución española dedica un capítulo a hablar sobre los derechos fundamentales y libertades públicas, algunas con semejante transversalidad como el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad de expresión -aunque poco ejemplo estén dando los Órganos Jurisdiccionales y las prácticas policiales en los últimos días al respecto- ; en otros casos, apunta preceptos tan básicos como la tutela judicial efectiva, en cuyo caso, la Carta Magna dice en el artículo 24 que:

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia

Voilá. Ahora bien: los poderes públicos, empujados por la iniciativa del Gobierno, deben garantizar el acceso efectivo a los derechos fundamentales y libertades públicas, así como garantizar que no se vulneren y, en el caso del derecho a al defensa, establecer cuantas medidas sean necesarias al objeto de remover los obstáculos que impiden el acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad.

En este sentido, hablar de igualdad supone atender la diferencia: hay que prestar atención a las necesidades particulares de la población, lo que conlleva asumir que existen personas sin recursos para contratar un asesoramiento privado. Por ello existe el derecho a la asistencia jurídica gratuita como eslabón fundamental, si no el primero de todos ellos, para posibilitar que ‘Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España,’ puedan litigar ‘cuando acrediten insuficiencia de recursos’. Así comienza citando la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y por la cual existe el Turno de oficio: organismo encargado de gestionar a los y las profesionales de diferentes Jurisdicciones para afrontar las demandas de asesoramiento de la población que reúna los requisitos económicos; es decir, que estén en un umbral concreto que podemos calificar como situación de pobreza o de precariedad.

¿Se aplica de manera efectiva el derecho a la asistencia jurídica?

La respuesta, como en la mayoría de preguntas que nos hacemos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, es que no. Y no sólo ocurre de una forma defectuosa sino que además, la carencia de oportunidades para acceder al ejercicio de los derechos básicos se estratifica conforme al sistema de opresión vertical del sistema: en este intrincado entramado de poderes fácticos, ilegítimos y ambiguos, que trafica con las personas y con sus derechos, a ojos de la Justicia no todas las personas somos iguales ni todas tenemos derecho a defendernos.

Es incomprensible cómo se conculca de manera reiterada el derecho a la asistencia jurídica en los CIE. El estatuto jurídico de las personas internadas, regulado en el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, dice que la organización de estos centros tienen el deber de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento, especificando que tienen derecho a ‘ser asistido de abogado, que se le proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique.’

La asistencia jurídica en los CIE

El citado Reglamento recoge que: ‘Los centros dispondrán de dependencias que aseguren la confidencialidad de la orientación jurídica que preste al interno su abogado.’ Sobre ello hay que decir que son pocos los CIE que respetan y llevan a cabo una política de confidencialidad. Para empezar, porque en algunos CIE la práctica es que siempre haya presencia policial en la sala donde se tiene la entrevista esto quebranta radicalmente el derecho a la entrevista individual y privada entre abogado/a y persona asistida.

El mismo artículo aduce que ‘se suscribirán acuerdos de colaboración con los colegios de abogados en orden a establecer las condiciones de funcionamiento del servicio de asistencia jurídica, encargado de asistir jurídicamente a los internos que lo soliciten.’ Sobre esto sobra apuntar que en la mayoría de las Comunidades autónomas donde hay un Centro de Internamiento de personas extranjeras – Andalucía, Murcia, Madrid, Valencia, Cataluña y Canarias- NO EXISTE un turno de oficio ESPECIALIZADO en extranjería. En el caso de Valencia, la implantación del turno de oficio de Extranjería y el consecuente convenio regulador con el CIE ha sido fruto directo de las luchas y reivindicaciones que varios colectivos han llevado a cabo exigiendo el cumplimiento de esta garantía.

Por otro lado, no existe información dentro de los CIE que facilite que estas personas conozcan sus derechos y que puedan ejercerlos: algo que en la práctica no es común por diferentes motivos, entre ellos, por la enorme distancia que hay entre las internas y la propia institución.

A todo ello, tenemos que añadir que en Canarias hay dos CIE: el CIE de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, y el CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria. La condición especial de Frontera Sur, como puerta de entrada al Estado español por vía marítima, sumada a la insularidad y a la doble condición de la periferia -no sólo estamos lejos del Estado español sino que además, las islas no capitalinas no cuentan con los recursos de privación de libertad y otros derivados con los que cuentan Tenerife y Gran Canaria, lo que supone el traslado de las personas migrantes detenidas de unos centros a otros- con lo cual el derecho a la asistencia jurídica se va difuminando en estos cambios de territorio: el abogado/a que asiste en la detención no puede hacer el seguimiento del caso.  

Estos quebrantos integrales de los derechos de las personas internas que se producen con asiduidad, se han denunciado a través de diferentes vías, lo que incluye la vía judicial en diferentes comunidades autónomas y la visibilización y denuncia pública de estos hechos a través de trabajo de colectivos y asociaciones que luchan en calle. Sin embargo, hasta la fecha, aún seguimos teniendo constancia de la dejadez absoluta con la que se gestionan los CIE. Para muestra, el último auto de la jueza de vigilancia del CIE de Algeciras y Cádiz, que después de que haya transcurrido un año desde su primer mandato de cambios urgentes a aplicar, advierte de las consecuencias penales que puedan derivarse tras dos inspecciones en las que constató vulneraciones flagrantes de la ley. ¿Hasta cuándo?

Notas al pie:
1 Son las dos corrientes de bases sobre el Derecho cuya principal distinción es la flexibilidad con la que se pueden adaptar las normas a la sociedad en constante cambio. El sistema continental se aplica en la Europa occidental y se basa en la codificación: una técnica mediante la que se construyen códigos de normas por áreas específicas -código penal o código civil, por ejemplo-. El Common Law es el sistema de Derecho anglosajón que se aplica en EEUU e Inglaterra- y está basado en un sistema de precedentes -pronunciamientos anteriores- y una menor fuerza de coerción -hay menos normas escritas por lo que la libertad de acción es, a priori, mayor-.
2 Entendemos el concepto de forma amplia en el que no sólo se incluyen los entes de poder que configuran la estructura económica y política y las relaciones que genera entre sí y con la sociedad, sino también a la sociedad como tal: incluimos a todas las personas que sufrimos la opresión y que, al mismo tiempo, hacemos de opresoras con otras, alimentando el sistema privilegio-opresión, perpetuando la estructura que nos somete.
3 CIE: Centro de internamiento de extranjeros en el que se priva de libertad a personas que estén o que intenten entrar en el territorio español en situación administrativa irregular. Hay siete en todo el territorio: se usan como una herramienta de expulsión y de represión de la libertad de movimiento de las personas, criminalizando la migración.

 

¿Ciudadanía? No, gracias.

   Es curioso cómo hemos heredado una vida que no nos es propia a través del lenguaje, e irónico cómo su uso puede truncar nuestras intenciones comunicativas.  A veces decimos algo con el mejor de los deseos y quien recibe ese mensaje no lo entiende como una buena propuesta. Qué decir del coloquial uso de las palabrotas para referirnos cariñosamente a alguien o gastar una broma. La palabra es flexible y por ello podemos hacer con ella lo que queremos.

Cada persona tiene un código etimológico único con el que a través de su aprendizaje ha asignado un significado a cada vocablo que usa: algunos significados son más simples o formales -el uso de las preposiciones, artículos, las composiciones verbales…- pero hay otros que tienen un contenido más denso y personalizado, que es compartido por un grupo de personas más o menos amplio. Esta es la función del lenguaje: la comunicación.

En la etimología[1] colectiva, donde se cruzan todos estos significados que se han ido modelando y revisando durante siglos, repensar el poder que tiene la comunicación es lo que nos lleva a entender cómo afecta y cómo puede cambiar un contexto determinado: los discursos, virtuales o no, afectan a personas reales. Por eso, me lanzo a hacer una reflexión sobre las calles y lo que utilizamos al llamar a reinvidicar los espacios públicos.

Calle y llamamiento activo al espacio público

Y es que no todas las personas que habitamos las calles podemos habitarlas en las mismas condiciones. Decir ‘con las mismas condiciones’ significa aceptar de pleno que existen circunstancias que limitan nuestras vidas. Desde el privilegio económico, la racialidad o la alfabetización, hasta las diferencias entre los múltiples géneros e identidades, existe una escalera de opresiones que tienen unos efectos determinantes para nuestra existencia vital. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la opresión del trabajo es tan necesario como importante reconocer que una mujer trabajadora está doblemente explotada y discriminada por su condición de mujer y de trabajadora. De la misma manera, habrá que extender ese reconocimiento a una mujer negra, por la discriminación de raza o etnia, o a una mujer gorda, por la gordofobia, o a una mujer trans, por la transfobia, y así sucesivamente, sumando una transversalidad de luchas que atraviesan directa y constantemente los cuerpos y las vida de las oprimidas.

Quienes habitamos en territorio del Estado español asistimos a una deprimente época de represión que ha mermado la actividad en calle de los movimientos sociales. Las oleadas de represión normativa de los últimos años, particularmente las leyes mordazas[2], han marcado un antes y un después en la forma en la que ocupamos el espacio público: hay que tener en cuenta que nuestra libertad está enmarcada en un sistema de derecho concebido como la estructura de un conjunto de normas, cómo aplicarlas y cómo han de interpretarse, que van desde la regulación de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución de 1978, al desarrollo de cada una de esas libertades, qué implican, cómo ejercerlas y qué contraprestaciones tienen. Para muchas personas, papel mojado, para otras fundamento del sistema democrático basado en la aceptación tácita del contrato social.

Sin entrar a debatir sobre la legitimidad de este sistema regulador, la historia demuestra que es irrefutable que los derechos se conquistan: hay que tomar un papel activo. Pretendo entender el peso que tiene la palabra ‘ciudadanía’ y cuál es el trasfondo que tiene cuando se usa en los discursos de las ideologías más dispares que van del argumentario de la izquierda más clasista hasta, incluso, un partido político cuyo nombre es ‘Ciudadanos’.

¿Ciudadanos y ciudadanas?

Podríamos decir que hablar de ciudadanía es hablar de un conjunto de personas que viven en la ciudad, que habitan las calles de los núcleos urbanos. No obstante, la acepción de este término como circunscripción demográfica ha ido evolucionando del término griego polis con el que se denominaba la ciudad y que con el paso del tiempo se transformó en nuestro actual concepto de ‘política’. La palabra latina civitas[3], sin embargo, refería a la comunidad ciudadana jurídicamente organizada en la que sólo los hombres tenían derechos: ni mujeres, ni extranjeros y esclavos podían ejercerlos. Si queremos averiguar cuánto conserva de primigenio esta referencia a la persona, es necesario acudir a un significado compartido que pueda esclarecer qué significa en la actualidad:

ciudadano, na

  • y f. Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes[4].

¿Seguimos usando un término que refiere una realidad clasista, machista y basada en el supuesto privilegio de ser súbdito -en masculino- de un Estado?

La importante diferencia entre personas ciudadanas y no ciudadanas

En base a la definición anterior, las personas ciudadanas tienen capacidad jurídica, es decir, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y capacidad de obrar como aptitud para ejercitar esos derechos. Estos dos conceptos definen la identidad jurídica de cada sujeto, el acceso al ejercicio de libertades y derechos fundamentales, dicho de otra forma sobre la base jurídica, define quiénes somos y qué podemos hacer.

La diferencia estriba en quiénes tienen la posibilidad de ejercer ese rol activo y a quienes no se les reconoce o a quienes, mediante limitaciones indirectas, se les impone per se esta condición de ser: son muchos los colectivos discriminados por el capacitismo, pero hoy hablamos de quiénes están en situación administrativa irregular, de quiénes son personas ‘ilegales’[5] o ‘sin papeles’ a ojos del Estado español. Probablemente, cuando usas el término ciudadanía no te habías parado a pensar que su antónimo es, precisamente, lo que concierne a la extranjería. Entonces, ¿esto significa que no pueden hacer valer sus derechos?

Las personas extranjeras tienen reconocidos los mismos derechos y libertades fundamentales que las personas que tienen la ciudadanía[6] española -esto que se denomina ‘ser español o española’-. Un nimio ejemplo de la vulneración de este reconocimiento es la polémica reforma de la asistencia sanitaria[7]. Esta normativa reformula el derecho de acceso a la protección de la salud, cambiando la concesión de la prestación sanitaria de los titulares de derechos a ‘asegurados’, definiéndose como tal cuatro supuestos que excluyen al colectivo de personas en situación administrativa irregular y a personas extranjeras cuya situación administrativa que no estén afiliadas a la seguridad social (persona con visados de visita, por ejemplo).

Siquiera es necesario elevar nuestro análisis a cuestiones legislativas cuando día tras día, en las temidas oficinas de Extranjería se favorece un trato discriminatorio tejido sobre unos criterios que en muchas ocasiones contravienen lo dispuesto en la normativa y que vienen de donde nunca se sabe[8]. Grano a grano, la montaña se colma. Sumado a ello, prima la cultura del miedo y el desconocimiento, y la desinformación de mano de una práctica nefasta en un contexto en el que gobiernan los intereses del dinero, lleva a asumir que por el hecho de ser inmigrante o extranjero/a te pueden detener en cualquier momento, incluso cuando siendo mujer necesitas denunciar una situación de maltrato y no hay nada que pueda asegurarte la permanencia.

Hace tiempo tuve una conversación muy interesante con una amiga. Me dijo ‘si no quieres que el pájaro escape no hace falta que mantengas cerrada la jaula. Abre la puerta y convéncele de todos los miedos que vivirá ahí fuera’.

¿Propuestas?

Las que quieras. Quizá tú, como yo, tienes pasaporte y por suerte puedes vivir en el lugar en el que quieres estar. Esto, no obstante, no es así para quienes viven en el exilio, ni para quienes sienten el aislamiento carcelario dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)[9], tampoco para quienes no tienen la opción de escapar de los conflictos bélicos ajenos a su vida. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto?

Mi propuesta es que al menos tomemos consciencia de esta situación, que nos tomemos un momento para reflexionar sobre ello, sobre el irónico y triste privilegio que ostentamos conviviendo con inmigrantes, compartiendo calle y precariedad con ellas. Si hablamos de mínimos, reconocernos en el espacio en el que convivimos con esta realidad es hacer un acto de responsabilidad para con nosotras mismas y para con quienes la sufren. Hablar de ciudadanía implica invisibilizarlas: dejemos de hablar de ciudadanos y ciudadanas.

[1] La etimología es la disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y significado.

[2] Se denominan ‘leyes mordaza’ a las leyes represivas que limitan derechos y libertades fundamentales publicadas en el año 2015: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana; Reforma del Código Penal publicada como Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo y Ley de Reforma Procesal Penal, publicada como Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

[3] La civitas tiene su origen en la polis griega y encuentra su desarrollo en la configuración de la República romana. La civitas desarrolla los ideales democráticos de la polis griega, especialmente la sumisión a la ley pública.

[4] Se refiere el significado publicado por la RAE -Real Academia de la Lengua- como referencia sobre la que se construye el concepto y no como único referente o reconocimiento de autoridad conceptual a esta institución. Se han consultado otras fuentes: recomendamos echar un vistazo a http://es.thefreedictionary.com.

[5] Es una contradicción jurídica y un uso moralmente reprobable del término. En este caso, se usa a modo ilustrativo del uso denigrante del término ‘legal’ referido a personas y a modo ejemplo para contraponerlo a la calificación correcta de la situación de estas personas.

[6] Artículo 3  de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas: 1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.

[7] Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que supuso la modificación de 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

[8]El pasado 15 de septiembre, la Federación SOS Racismo publicó el informe sobre racismo en el Estado español con interesantes datos sobre esta discriminación institucional. Puedes ojearlo aquí: https://sosracismo.eu

[9] Los Centros de Internamiento de Extranjeros, integrados en el Estado español en 1.985, resultado de la firma del Acuerdo Schengen para el control de la política migratoria de la UE (cuya consecuencia es que los ciudadanos y ciudadanas de los países participantes del acuerdo pueden circular ‘libremente’ por el territorio, desfavoreciendo integralmente esta libertad de movimiento a las personas extranjeras) no deben tener carácter penitenciario, conforme establece la normativa de regulación de estos centros Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. En la actualidad, hay siete en el Estado español y el Ministerio de Interior tiene la intención de construir tres más: el funcionamiento interno de los CIE contraviene gravemente los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la normativa e innegables a cualquier persona: asistencia sanitaria integral, acceso a intérprete, comunicación con familiares, acceso a asistencia jurídica, entre otros. Además, estas personas pueden permanecer privadas de su libertad durante un plazo de hasta sesenta días. Recordemos que la privación de libertad es una pena de carácter penitenciario que en el Estado español se deriva de la comisión de un delito: los y las internas de los CIE ingresan a estos centros por estar en situación administrativa irregular, es decir, por una infracción administrativa como podría ser una multa de tráfico.

 

Notas al pie:
[1] La etimología es la disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y significado.
[2] Se denominan ‘leyes mordaza’ a las leyes represivas que limitan derechos y libertades fundamentales publicadas en el año 2015: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana; Reforma del Código Penal publicada como Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo y Ley de Reforma Procesal Penal, publicada como Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
[3] La civitas tiene su origen en la polis griega y encuentra su desarrollo en la configuración de la República romana. La civitas desarrolla los ideales democráticos de la polis griega, especialmente la sumisión a la ley pública.
[4] Se refiere el significado publicado por la RAE -Real Academia de la Lengua- como referencia sobre la que se construye el concepto y no como único referente o reconocimiento de autoridad conceptual a esta institución. Se han consultado otras fuentes: recomendamos echar un vistazo a http://es.thefreedictionary.com.
[5] Es una contradicción jurídica y un uso moralmente reprobable del término. En este caso, se usa a modo ilustrativo del uso denigrante del término ‘legal’ referido a personas y a modo ejemplo para contraponerlo a la calificación correcta de la situación de estas personas.
[6] Artículo 3  de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas: 1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.
[7] Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que supuso la modificación de 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
[8]El pasado 15 de septiembre, la Federación SOS Racismo publicó el informe sobre racismo en el Estado español con interesantes datos sobre esta discriminación institucional. Puedes ojearlo aquí: https://sosracismo.eu
[9] Los Centros de Internamiento de Extranjeros, integrados en el Estado español en 1.985, resultado de la firma del Acuerdo Schengen para el control de la política migratoria de la UE (cuya consecuencia es que los ciudadanos y ciudadanas de los países participantes del acuerdo pueden circular ‘libremente’ por el territorio, desfavoreciendo integralmente esta libertad de movimiento a las personas extranjeras) no deben tener carácter penitenciario, conforme establece la normativa de regulación de estos centros Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. En la actualidad, hay siete en el Estado español y el Ministerio de Interior tiene la intención de construir tres más: el funcionamiento interno de los CIE contraviene gravemente los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la normativa e innegables a cualquier persona: asistencia sanitaria integral, acceso a intérprete, comunicación con familiares, acceso a asistencia jurídica, entre otros. Además, estas personas pueden permanecer privadas de su libertad durante un plazo de hasta sesenta días. Recordemos que la privación de libertad es una pena de carácter penitenciario que en el Estado español se deriva de la comisión de un delito: los y las internas de los CIE ingresan a estos centros por estar en situación administrativa irregular, es decir, por una infracción administrativa como podría ser una multa de tráfico.

Sí es ley, pero no de servicios sociales I y II

Desde REDESSCAN hemos visto la necesidad de realizar una serie de artículos de opinión, de los cuales éste es el primero, sobre el contexto y la elaboración de la nueva ley de Servicios Sociales  de Canarias que actualmente se encuentra en trámite administrativo. Para ello, en este primer artículo explicaremos lo que son los Servicios Sociales; el recorrido de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias; el impacto de la crisis del 2008 en los Servicios Sociales públicos y sus consecuencias en la población.
Debemos partir de la premisa que los Servicios Sociales son un sistema de protección de responsabilidad pública que debe garantizar el acceso a los derechos sociales para todas las personas, dar cobertura a las necesidades básicas de todas las personas y redistribuir la riqueza. por ello los Servicios Sociales es uno de los cuatro pilares del Estado de Bienestar junto con la Sanidad, la Educación y la Garantía de rentas. Aunque el Sistema Público de Servicios Sociales, en muchas ocasiones se interpreta que es un sistema para atender las necesidades de las personas empobrecidas, como ciudadanía debemos reivindicar el carácter universal de los Servicios Sociales, ya que en algún momento de nuestras vidas cualquiera de nosotras podemos necesitar apoyo para poder hacer frente a dificultades de índole personal, familiar o comunitario que afecten a nuestro bienestar.
En Canarias contamos con una ley de Servicios Sociales desde 1987. En esta ley se recogía en el preámbulo el principio de responsabilidad pública, el cambio de las estructuras socio económicas y el principio de universalidad, premisas que están muy lejos del asistencialismo al que se ha visto abocada la ley por la falta de desarrollo y financiación. En la misma se establecen valores tales como la Justicia social y la equidad, además de la redistribución de la riqueza y el papel de los Servicios Sociales como garantes de derechos.
También establecía en su artículo 2. f) los programas integrados destinados a desarrollar acciones estructurales que precisan de la intervención de diversas Consejerías de la Comunidad Autónoma o varias Administraciones Públicas. Y en su artículo 5., dentro de los niveles de organización, daba un papel fundamental a los servicios sociales comunitarios cuyo objeto es promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos.
Esta ley cuenta con unas muy buenas bases y abría el camino para desarrollar y consolidar actuaciones dentro de un sistema que más de 30 años después aún no se ha alcanzado y, peor aún que ahora se plantean como algo nuevo y novedoso que aparecerá en la nueva ley de servicios sociales. Llevamos 30 años esperando por planes de Servicios Sociales, esperando por una regulación de la composición de los equipos profesionales, por la elaboración de mapas de necesidades y recursos, por la definición de prestaciones y servicios, por la clarificación de estructuras, funciones y competencias. Todo ello aparecía en la ley, pero nunca se cumplió.
La crisis fue un elemento que afectó a todas las estructuras y sistemas que forman parte de una manera u otra de nuestras vidas, pero aquellas que ya entraron en la crisis en una clara desventaja, como es el caso del Sistema Público de Servicios Sociales el impacto que sufrió ha tenido enormes y graves consecuencias tanto para el propio sistema como para la población que requería acceder a derechos y/o cubrir necesidades de diversa índole. En primer lugar este sistema, ya de entrada deficitario en financiación, estructura, recursos e infraestructura vio aumentada la demanda de atenciones en 7 años en un 60%, mientras que la financiación del mismo sólo se ha desarrollado en un 20%, sobre todo por el crecimiento en las partidas de prestaciones económicas, a la par que disminuían partidas destinadas a mantener servicios y personal, con descensos en algunos programas que han llegado incluso 81% como ha sido el caso de los programas de alojamiento alternativo. En estos años el Sistema Público de Servicios Sociales ha estado constantemente en una montaña rusa debido a una total falta de planificación financiera y organizativa y donde se ha pretendido curar graves heridas poniendo tiritas, y donde se gestionan miserias y no el acceso a los derechos sociales.
Canarias se caracteriza por encontrarse en la mayor parte de los estudios e informes relacionados con los SS.SS. en los últimos puestos de desarrollo. Un claro ejemplo de ello es la puntuación de nuestra Comunidad Autónoma en el Índice DEC (un estudio a nivel nacional que mide la implantación de los SS.SS. en cada comunidad) en aspectos como los derechos y las decisiones políticas, el esfuerzo económico y la cobertura de servicios. Canarias de una puntuación sobre 10 obtiene un 2.4. La tercera nota más baja entre todas las Comunidades Autónomas.
Está claro que no existe voluntad por parte de los responsables públicos de apostar por este Sistema de Protección Social, y por ende por el bienestar de la ciudadanía. Ya que sí así fuera no permitirían que hubiera un 44% de la población canario en riesgo de pobreza, que un 29,5% de la población esté con una baja intensidad en el trabajo, que más del 58% de personas con derecho al acceso a prestaciones de la la Ley de Promoción y Autonomía Personal no lo tengan, que existan miles de situaciones en limbos esperando resoluciones y actuaciones en materia de infancia y familia, discapacidad, mujer, personas sin hogar, personas migrantes, personas mayores… Es de vergüenza.
Exijamos a los responsables políticos, que se centren en trabajar por el bien común y no por los intereses de unos pocos; que inviertan en el Sistema Público de Servicios Sociales para fortalecerlo y consolidarlo como cuarto pilar del Estado del Bienestar. Que trabajen por y para la ciudadanía. Esa es su tarea, esa es su responsabilidad.

SÍ ES LEY, PERO NO DE SERVICIOS SOCIALES II: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA.

Este es el segundo artículo sobre el proyecto de ley de Servicios Sociales de Canarias que se encuentra actualmente en proceso de debate parlamentario. Desde REDESSCAN consideramos que el proyecto de ley de Servicios Sociales será, nuevamente, una oportunidad perdida para mejorar la vida de las personas que viven en Canarias. En este sentido, no se entiende que los grupos de la oposición hayan renunciado a la presentación de enmiendas a la totalidad y esperamos que en las parciales se pueda, por lo menos, mejorar un texto que desde nuestro punto de vista tiene un exceso de déficit y contradicciones.
En primer lugar es incompresible el tratamiento que se da a la que aún sigue siendo la ley vigente en materia de Servicios Sociales, ya que se afirma que este proyecto de ley “…eliminará el carácter asistencialista de los servicios sociales, tal como ha venido configurado en nuestra Ley de Servicios Sociales de 1987”. El asistencialismo no venía configurado en la ley del 87. No ha sido la norma, sino su incumplimiento, junto con las políticas que se han implantado en estos años, lo que ha provocado este desarrollo asistencial, casi en exclusiva, de la norma.
En segundo lugar, aunque se vende públicamente que los Servicios Sociales con esta ley serán reconocidos como un Derecho Subjetivo de la población (por lo que podrán reclamarse judicialmente), se olvidan de decir la letra pequeña, que dice que sólo lo serán los que se determinen como “esenciales”. Además Derecho subjetivo significa con financiación estable y suficiente y catálogo de servicios; ninguna de estás dos cuestiones se recoge en la norma.
Por ello, afirmamos que es un proyecto de ley que no garantiza ni desarrolla plenamente el derecho de la ciudadanía a unos Servicios Sociales que aseguren la mejora de la calidad de vida de las personas en todas las dimensiones personal, familiar, grupal y comunitario.
Dentro de este proyecto de ley, entre otras muchas cuestiones, se habla de Igualdad y Universalidad. Entonces ¿cómo se entiende que sea diferente el peso y la visibilidad que se da en dicho proyecto a las personas que viven una situación frente otra? Contiene, incluso, un artículo que establece las situaciones a las que se les dará atención prioritaria.
Afirmamos que es un proyecto de ley basado en la desigualdad y en la parcialidad. Uno de los argumentos utilizados para la aprobación de una nueva ley, es la necesidad de reorganizar un Sistema Público de Servicios Sociales que se ha ido desarrollando y estructurando sin ningún tipo de planificación. Pues bien, nos gustaría poder decir al menos que el proyecto de ley cubre esta necesidad, pero lamentablemente no es así. Muy al contrario son tantas y diversas las grietas que tiene en relación a este asunto que tendríamos que dedicar varios artículos sólo a ello. Si quieren saber de lo que le hablamos les invitamos a leer los Títulos II, III y IV del proyecto de ley, y si luego de leerlos entienden cómo van a quedar organizados los Servicios Sociales en Canarias, por favor llámennos, para que nos lo expliquen.
Por ello, afirmamos que es un proyecto de ley que no organiza, que dificulta el entendimiento de la estructura de los Servicios Sociales y en caso de aprobarse tal como está, generará mucha confusión, limbos e incertidumbres en su funcionamiento.
La poca claridad existente dentro del proyecto de ley de la estructura del Sistema Público de Servicios Sociales, tiene su contrabalanza en la gran claridad en la que se expone la participación y el mayor protagonismo que obtiene el tercer sector y a la empresa privada en los Servicios Sociales, a pesar de que el mismo proyecto de ley establece que su participación es “subsidiaria y complementaria”. Para una participación “subsidaria y complementaria” ¿es necesario contar con un Título completo con 12 artículos específicos en el proyecto de ley? Además cuentan con multitud de referencias en todo el texto, incluso aparece entre las competencias del Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares el “Fomentar y promover el tercer sector”. Pero de que se fomenten y promuevan recursos y servicios desde la titularidad pública y la gestión directa, no aparece nada de nada.
Este proyecto de ley está destinado a realizar un desmantelamiento encubierto del Sistema Público de Servicios Sociales, que abre la puerta a que se invierta cada vez más dinero público a la externalización de servicios y recursos, en detrimento del desarrollo y crecimiento de servicios y recursos sociales desde la gestión directa y pública, de todas las personas.
Hay otras muchos elementos incluidos en este proyecto de ley que podríamos exponer como graves debilidades y amenazas. Pero como tampoco es nuestra intención quitar más tiempo a las personas que hayan llegado hasta aquí, para que puedan dedicarlo a leer el proyecto de ley de Servicios Sociales de Canarias, consideramos que con los ejemplos expuestos, ya pueden hacerse una idea del desaguisado que creará la aprobación de este proyecto de ley, tal como está.
Desde REDESSCAN estamos muy preocupadas con el contenido de este proyecto de ley, ya que consideramos que se está perdiendo la oportunidad de elaborar una verdadera Ley de Servicios Sociales para Canarias y que al final la misma, sí sea ley, pero no de Servicios Sociales,sino en defensa de intereses particulares y sobre todo privados.
Las Palmas de Gran Canaria 13 de febrero de 2018

A QUIÉNES SIRVE EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL 2018

Si tomamos la vida como eje de comprensión y de valoración de los presupuestos del Gobierno de Canarias, éstos ni reconocen, ni garantizan los derechos,ni redistribuyen la riqueza,ni buscan la Justicia social ni fiscal, ni buscan el dar sostenimiento material básico a todas las personas de las islas,ni favorecen el desarrollo de los servicios públicos,ni están al servicio de las personas y colectivos más empobrecidos de las islas: 937.458 personas , 215.00 más que en el 2008. la mayoría personas jóvenes y niñas/os. Unos Presupuestos que no sirven a las personas.

Esta ley de presupuestos desvela el modelo que favorece el Gobierno de Canarias que:

– Defiende los intereses particulares de la oligarquía de las islas, de una minoría de personas en nuestro archipiélago.

-Aumenta para la obra pública y las actuaciones en el territorio, subiendo un 64% y el resto de la inversión aumenta muy poco, y casi nada en favorecer el empleo público.

-Busca más la prestación asistencialista que los derechos.

Además, de que el Gobierno de Canarias sigue apostando por una política fiscal regresiva, no paga quién más tiene. Dato curioso, cuando los más beneficiados por el presupuesto van hacer los sectores empresariales que reciben dinero de los contratos públicos (construcción, servicios, etc.) de los impuestos de todas las personas que viven en Canarias, manteniendo un Estado de Bienestar para ricos y desmantelando el Estado de Bienestar de las personas.

Así, es ridículo que esta ley no hace una apuesta por las Políticas Sociales, sólo 5 de cada 100 euros están dedicados a los Servicios Sociales.

En un repaso comparativo:

Se queda igual:

-El Área social se estanca en las cuentas públicas pese al incremento de la pobreza en un 17,6%.

– Dinero dedicado al plan Concertado de prestaciones básicas, que tiene que asegurar los Servicios Sociales municipales, la atención más cercana en la ciudadanía.

-Para la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía y atención a personas en situación de dependencia.

-El Instituto Canario de Igualdad, casi igual que en el 2010.

-Casi igual lo dedicado a planificación y apoyo a los servicios sociales en 2009 y 2010.

-Programa de prevención e intervención en el área de la infancia y la familia. Bajado el presupuesto a la mitad desde 2011.

Lo que disminuye:

– Por programas la partida de prestaciones y otras ayudas sociales disminuye en 9,49%, respecto al presupuesto del 2017. Cuatro veces por debajo de lo destinado hace 10 años.

– programas de promoción de familia y menores, la igualdad de oportunidades y la participación de las personas mayores.

-Ligero descenso de la partida de fomento de la inclusión, donde se ubica la PCI(Prestación Canaria de Inserción)

– Fomento del empleo en 10 años ha perdido más de 100 millones de inversión.

-Acceso a la vivienda, se acerca a lo presupuestado en el 2011.

-El Instituto Canario de la Vivienda con 30 millones menos en comparación con 2010.

– Cooperación económica y al desarrollo, baja un tercio desde 2010.

– Atención a la situación de drogodependencia, desciende desde el 2007.

– programa de ejecución de medidas judiciales a menores infractores. Bajada desde el 2011.

– programa de promoción y fomento de la calidad de vida de las personas jóvenes, bajando desde el 2009.

– Programa de igualdad de oportunidades para las mujeres, baja desde el 2009.

Lo que aumenta y en qué:

– Presupuesto de la Consejería de Empleo, Política social y Vivienda en 99 millones y de ellos 66 para políticas sociales y de éstos 43 millones para construcción de infraestructuras.

– En seis millones lo dedicado al Plan de lucha contra la pobreza, que aún no está elaborado y que consiste en las actividades del comisionado.

– 45 millones destinados a inversión en infraestructuras socio-sanitarias, no asegurando su personal, clave para que esté al servicio real de las personas y nuestros derechos.

Ninguna vida es desechable, todas tenemos derecho a vivir dignamente, sin exclusión, sin precariedad, sin discriminaciones ni opresiones. Este presupuesto, una vez más no sirve para la Justicia y continuamos exigiendo más y mejor presupuesto para otro modelo de desarrollo que realmente ponga la vida y su sostenibilidad en el centro y garantice derechos y reparto equitativo de las riquezas.

Por tanto, un presupuesto que no sirve para las personas y la mejora de sus vidas no sirve para nada.

REDESSCAN a 29 de Enero de 2018

 

Mario Chillida, el guanarteme vasco.

Lo del agujero de Chillida en Tindaya se ha convertido para Mario Cabrera en una obsesión que, vistas sus últimas ocurrencias, empieza a somatizarla. Si en su dilatada carrera política (casi treinta años sin disparar un chícharo) le hubiese puesto la mitad de empeño a los asuntos que benefician a la mayoría del pueblo majorero, Fuerteventura contaría con una calidad de vida que sería envidiada por los países nórdicos. Que obtuviese una licenciatura en Pedagogía por la Universidad de La Laguna fue un puro trámite, más dirigido a convertirse en político profesional que a ejercer una profesión que solo ha visto, de pasada, en los manuales. De vuelta a su tierra se subió a una poltrona que no ha soltado: de 1991 a 2003 fue consejero del Cabildo majorero; de 2003 a 2015 presidente de la misma institución. Como la isla se le quedó chica, en la actualidad (desde 2015) amplía sus doctos quehaceres ejerciendo como diputado autonómico en Tenerife.
Al bueno de Mario le pasó con Tindaya lo que a Chillida. El artista quiso trascender y quedarse perpetuado eternamente superando a la propia naturaleza. Y Mario Cabrera ha soñado, desde que el artista vasco apareció por estos tableros, con que a él se le recuerde como el supremo valedor de una obra que -son sus palabras- “coloque a Fuerteventura en el mapa”. Ya nos habíamos acostumbrado a que Mario Cabrera, como buen político profesional, mintiera una y otra vez con el asunto de Tindaya. Su mentira más común -que ha vuelto a repetir hace unos días- es que los defensores de Tindaya no hicieron nada contra las canteras antes de la llegada de Chillida. Mario piensa que repetir esa mentira terminará por convertirla en verdad. Pero como las hemerotecas existen, dejamos aquí un par de noticias (de antes de que el gran genio nos visitara) a ver si hay suerte y el hombre deja de repetirse tanto como el mojo subido de ajo.
(Diario de Las Palmas. Junio 1984. 10 años antes de la llegada de Chillida)
(La Provincia. Mayo de 1992)
El magnífico proyecto de Mario Chillida o de Eduardo Cabrera es, ya lo saben ustedes, la obra de arte más cara del planeta: sin moverse una piedra le ha costado a este pueblo, tan canario, 30 millones de euros. Si nuestro hombre le hubiese dirigido su obsesión a otros asuntos y su partido hubiera destinado el dinero a otros menesteres Fuerteventura no llevaría 30 años esperando por un nuevo hospital, ni las personas con tratamientos oncológicos tendrían que estar manifestándose, una vez sí y otra también, demandando justicia para su salud; si su obsesión se hubiese centrado hacia sectores tan triviales como el educativo nuestros centros escolares competirían con Harvard; si hubiese prestado la mitad de atención que le ha dedicado al agujero de Chillida al deporte y a la juventud de esta isla hoy no estarían cerradas todas las instalaciones deportivas cubiertas de la capital majorera; con una ínfima parte del dinero malgastado en este proyecto especulativo y disparatado, los servicios sociales de las instituciones estarían dando la cobertura indispensable que hoy se le niega a las personas más desfavorecidas. La lista de prioridades es tan grande que la obsesión (y el consecuente despilfarro) se ha convertido en una impúdica obscenidad.
Si uno repasa el legado de sus 27 años en la política profesional solo nos queda reconocer que su único éxito ha sido un Palacio de Congresos, un adefesio urbanístico arquitectónicamente horroroso, con escasa funcionalidad. Eso sí, el mamotreto (como es conocido popularmente el edificio) cuenta por orden expresa de don Mario Cabrera con un espacio denominado, como no podría ser de otra manera, Sala Chillida. Y uno, ante tanta machangada, ya no sabe si reír o llorar.
Esta semana el grupo parlamentario de Podemos presentó una Proposición No de Ley instando a que el Parlamento canario avalara la propuesta de que la montaña de Tindaya pudiera ser declarada como Patrimonio de la Humanaidad por la UNESCO. La moción la defendió Natividad Arnaiz a la sazón diputada autonómica por Fuerteventura y que, miren ustedes qué cosa más extraña, pertenece a ese grupo demográfico formado por el 60% de residentes de esta isla que han nacido más allá de sus costas. Y entonces, Mario Chillida volvió, una vez más, a mear fuera del tiesto.
Como las obsesiones son incontrolables (sobre todo si uno no asume que las tiene) al hombre se lo llevaron los demonios y, en un documento que ha quedado por escrito (y quedará en los anales de los disparates políticos) se empeñó en presentar una enmienda en la que solicitaba que la montaña fuese declarada Patrimonio de la Humanidad solo si incluía el proyecto de Chillida. Menos mal que alguien con algunas luces le dijo al guanarteme de La Matilla que retirara semejante babiecada, que en la UNESCO se podrían partir la caja si les hubiese llegado una propuesta para declarar como Patrimonio de la Humanidad un proyecto para agujerear una montaña de un artista fallecido.
La defensa de Natividad Arnaiz fue lúcida y serena. Argumentó con detalle las razones por las que la montaña de Tindaya debía ser asumida como un espacio de digno reconocimiento por la UNESCO y señaló los beneficios, que cualquier humano con dos dedos de frente puede deducir, de incorporar a Fuerteventura, a través de Tindaya, en los patrimonios más reconocidos mundialmente. Pero la diputada cometió un error: defendió la propuesta (que es la de sus votantes y de muchas personas que no lo son) con acento de Burgos.
Y claro, don Mario, el genuino maho, el heredero de nuestros ancestros, el espécimen puro que atesora nuestra clave genética, el hombre que se convierte en canario en los bailes de taifa, el nexo que une a los Chillida con Tiscamanita (de donde deben, seguramente, proceder), se cogió un rebote que, junto con tantos años de poder y de obsesión, transformaron a la criatura en un histérico xenófobo que nos avergonzaría si no fuese porque solo se representa a sí mismo.
No es la primera vez que Mario Cabrera utiliza la xenofobia como argumento. Hace unos años más de doscientas personas, casi todas vinculadas a las dos universidades canarias, firmaron un manifiesto pidiendo respeto para Tindaya. Cuando se le preguntó, el entonces presidente del Cabildo contestó que poco le importaba porque era la opinión de gente de afuera. Solo nos queda el consuelo de que todo hubiese sido muchísimo peor si este hombre, en vez de vivir de los demás sin oficio, se hubiese dedicado a ejercer su profesión. Pocas cosas se nos pueden ocurrir peores que un pedagogo que odie al que venga de afuera (y no se apellide Chillida).

“Renta Básica de las Iguales y Feminismos: puntos de encuentro… ¡y caminos por recorrer!”

  • “O feminismo está a pasar por aquí”, nos advierten los muros de las ciudades, uno de los canales de comunicación más propios de la acción política subversiva.

También pasó el feminismo por el espacio de coordinación Baladre. Y desde aquel encuentro ya nada fue como antes.

Allá por los años 80, en la ciudad de Gasteiz, la Asamblea de Paradas inició un largo proceso de lucha como respuesta a un contexto socioeconómico y político marcado por el desempleo, la precariedad, la exclusión y la represión donde comienzan a reflexionar sobre determinados temas; la diferencia entre trabajo y empleo, el papel del trabajo reproductivo para el sostenimiento de la comunidad o la división sexual del trabajo. Estas fueron algunas de las cuestiones que sembraron las compañeras feministas que habían arribado a ese espacio.

De los intensos debates que tuvieron lugar en los encierros y movilizaciones nació una convicción: ya era hora de avanzar de la reivindicación del empleo, sin atender a la utilidad social del sector y las condiciones en las que se desarrolla y siempre bajo la lógica de la competitividad y el sometimiento, a la reivindicación de una vida digna.

Ante la demoledora evidencia, asumida incluso por los gestores del Capital, de que el pleno empleo ya nunca sería posible (nunca lo fue para las mujeres y otras identidades minorizadas, utilizadas siempre como pieza de ajuste para  responder a la necesidad de los mercados de disponer de mano de obra barata y disciplinada), era preciso idear alguna forma de garantizar unas mínimas condiciones de vida, con independencia de la situación laboral de las personas. A esta primera intuición se le bautizó como “Ingreso Social Universal”.

Estaba plantada la semilla de la propuesta que más adelante se formularía, primeramente, bajo el nombre de Renta Básica y unos años después, con el fin de diferenciar una herramienta con inequívoca vocación anticapitalista de otros modelos  débiles, se perfiló como Renta Básica de las Iguales (RBis, en adelante).

Antes de avanzar en los aportes que, a nuestra juicio, ofrece la propuesta de la RBis a la lucha feminista, es necesario definir esta herramienta de reparto de la riqueza. Así, entendemos la RBis como una herramienta para abrir brechas en el Capitalismo y su hermano gemelo, el Heteropatriarcado, que actúan sinérgicamente generando desigualdad, exclusión, violencia y destrucción ambiental. Dos son los objetivos que pretendemos alcanzar: a corto plazo, distribuir la riqueza para garantizar la cobertura de necesidades y el sostenimiento de la vida; y, a largo plazo, ir creando las condiciones necesarias para un proceso de transformación social profundo.

La RBis se define como el derecho que tiene cada persona, solamente por el hecho de nacer, a percibir una cuantía periódica para cubrir sus necesidades materiales. Una serie de rasgos caracteriza la propuesta y la diferencia de otras de corte más reformista: la renta a ser asignada deberá ser incondicional, universal, individual y suficiente.

Además, en aras a ir ganando espacio al mercado para la satisfacción de nuestras necesidades y el fortalecimiento de la trama comunitaria que requiere cualquier proceso de transformación social radical, la propuesta de la RBis prevé el incremento paulatino del porcentaje destinado al FRB. Es decir, que la cuantía destinada al fondo común (inicialmente, un 20%) debe tender al 100%, mientras que el porcentaje percibido por cada persona de forma directa (de partida, el 80%), deberá ir reduciéndose hasta tender al cero. Con ello estamos apostando por un proceso que nos permita ir generando las habilidades y condiciones para la satisfacción de necesidades por el conjunto de la comunidad haciendo que la economía de mercado deje de regular las relaciones sociales.

Una cuestión que ya mencionamos, mas que merece la pena volver a resaltar es que para las gentes de Baladre la RBis es una propuesta más. Su carácter transversal facilita la discusión e inclusión en la agenda programática de diferentes movimientos sociales y debe servir para nutrir los procesos de lucha y generar redes de apoyo mutuo. En ese sentido entendemos que la propuesta aporta un horizonte estratégico de lucha contra la lógica productivista del capitalismo y todo el marco de valores en el que se sostiene. Todo lo contrario que otras propuestas de corte más reactivo e inmediatista.

Precisamente, ese elemento estratégico coincide con una de las dos dimensiones que, a nuestro juicio, dan cuenta de los cruces entre la RBis y los planteamientos feministas. Por otro lado, la dimensión pedagógica no sólo posibilita situar muchas de las cuestiones que se fueron desarrollando a lo largo de la historia del movimiento, sino que proporciona una oportunidad para debatir y llegar a acuerdos sobre cuáles son nuestras necesidades reales. Preguntarnos qué significa vivir bien y cómo nos hemos de organizar socialmente, rompiendo con los esquemas de opresión y desigualdad que implica la división sexual del trabajo para garantizar una vida digna, plena y feliz para todas las personas.

Unos años más tarde aquellos comienzos en Gasteiz, al acercarnos a los planteamientos de la economía feminista, fuimos encontrando nexos comunes y voces que señalaban la necesidad de colocar la vida en el centro de la organización social y de nuestra acción política y que incluso van más allá al proponer que es el momento de reivindicar “una vida que merezca la pena vivir” (Pérez, 2012).

Sostenemos que esta herramienta puede ser valiosa en la lucha por desplazar los mercados, el empleo y el paradigma productivista del centro de nuestras vidas. Por un lado, posibilitando la búsqueda de formas colectivas, justas y sostenibles de satisfacer nuestras necesidades y demandas de cuidados. Por otro, fortaleciendo la resistencia al secuestro de nuestros bienes comunes (materiales e inmateriales) y de nuestras potencialidades, del chantaje del empleo y de las relaciones capitalistas. Promoviendo la apertura de espacios para la exploración y el desarrollo de elementos que la lógica capitalista desprecia o mercantiliza, pero cuyo valor vamos, poco a poco, (re)descubriendo, legitimando y tomando en nuestras manos: tiempo, descanso, autocuidado, sexualidad, relaciones, cultura, recreo, participación…

Así, la división sexual del trabajo y la relación entre la esfera de producción y la reproducción social, el papel del salario para el disciplinamiento capitalista y sus limitaciones a la hora de cubrir el conjunto de nuestras necesidades, el obligado debate sobre estas últimas y sobre cómo nos organizamos para satisfacerlas de forma sostenible y socialmente justa, la apropiación de la plusvalía de género para engrasar la maquinaria productiva, la estrechez del actual paradigma de ciudadanía o la independencia económica como paso para la autonomía y el alejamiento de la familia heteronormativa, son algunas de las cuestiones que entendemos que la RBis nos permite colocar a debate. Aunque muchas de ellas son ya clásicas en los análisis y la producción teórica feminista, mediante la RBis se abre la oportunidad de situarlas entre otros colectivos y sectores de población, ampliando pues la capacidad de generar propuestas y escenarios sociales dónde los cuidados y el bienestar sean protagonistas.